La problemática de la violencia de género ha alcanzado cifras alarmantes en Galicia, con cinco mujeres víctimas fatales en el último año, lo que ha llevado a la paralización de múltiples proyectos, incluidos los parques eólicos. Al mismo tiempo, la empresa Altri se ha convertido en el centro de un controvertido debate, que continúa mientras la Xunta de Galicia finaliza la tramitación del expediente ambiental necesario para llevar a cabo su instalación en Palas de Rei, Lugo.
El año 2024 será recordado no solo por las tensiones sociales y políticas, sino también por dos importantes juicios que marcarán la historia. Después de un año desde la conclusión del juicio, se hizo pública la sentencia sobre la tragedia del Alvia, que resultó en la condena del maquinista Francisco Garzón y del exjefe de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. Además, en A Coruña se llevó a cabo el juicio asociado al asesinato de Samuel Luiz, resultando en condenas para cuatro acusados y la absolución de la única mujer implicada.
A lo largo del año, la violencia machista ha dejado una huella profunda en la sociedad gallega, siendo responsables de la muerte de cinco mujeres a manos de sus parejas o exparejas en varias localidades, como A Coruña, Ribeira, Baiona, Moaña y Viveiro. Este inquietante fenómeno ha provocado un creciente clamor por la necesidad de abordar el machismo de manera contundente y efectiva.
Un hallazgo macabro tuvo lugar en Vigo, donde se encontró el cadáver de una mujer en una maleta, lo que desencadenó la inmediata detención de José Manuel Durán González, apodado ‘O Chioleiro’, un individuo con antecedentes por homicidio. Además, la ciudad de Vigo fue escenario de un trágico accidente durante las fiestas de barrio de Matamá, donde un brazo de una atracción se desprendió, dejando a un joven de 36 años sin vida. El clamor por justicia continuó después de que un conocido carnicero en Santiago fuera asesinado al abrir su establecimiento, reflejando el aumento de la inseguridad en la comunidad.
En el ámbito judicial, la sentencia del caso Alvia llegó el 26 de julio, coincidiendo con el undécimo aniversario de la trágica colisión que causó la muerte de 80 personas. La jueza María Elena Fernández Currás impuso una condena de dos años y medio de prisión para Garzón y Cortabitarte, al considerarlos responsables de homicidios por imprudencia. Sin embargo, el recorrido judicial no ha concluido, ya que se esperan las apelaciones y recursos relacionados con el caso.
La ola de juicios mediáticos continuó con el caso de Samuel Luiz, cuyo juicio se celebró en A Coruña y que atrajo una considerable atención pública. Durante el proceso, se presentaron numerosos testimonios que llevaron al jurado a condenar a tres de los acusados por asesinato y considerar a la única mujer procesada como inocente. Este caso ha avivado el debate sobre la violencia en las calles y la falta de seguridad en espacios públicos.
En el ámbito económico, la incertidumbre persiste respecto al futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao, que continúa en venta. El sector eólico también se enfrenta a desafíos, con 60 parques paralizados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a la espera de resolver las implicaciones medioambientales de sus proyectos.
El conflicto entre industrialización y preservación del entorno natural se ha intensificado con el proyecto de Altri. A pesar de la oposición social manifestada en numerosas protestas, la multinacional y Greenalia siguen adelante en su búsqueda de financiamiento europeo, con la esperanza de obtener casi 250 millones de euros para su fábrica en A Ulloa.
El año también fue significativo desde el punto de vista cultural y lingüístico. Por primera vez, la lengua gallega dejó de ser la más hablada en la comunidad, con un notable descenso en el número de jóvenes que dicen saber hablarla. Este descenso alarmante también coincide con un año de celebraciones para la cultura gallega, que recibió varios galardones nacionales, destacando el premio Goya a la actriz revelación Janet Novás.
Finalmente, el año vio la elección de Rafael Louzán como nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, mientras que su futuro en el cargo se ve empañado por una condena a siete años de inhabilitación por prevaricación, lo que podría impedirle liderar preparativos para el Mundial de Fútbol de 2030 en A Coruña. La atención se centrará en cómo se desarrollarán estos acontecimientos en un año lleno de desafíos para Galicia.
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