En un hecho que ha levantado polémica, el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la reciente normativa que amplía la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Santiago. Esta decisión busca centralizar los procedimientos en la capital gallega, afectando así a varios partidos judiciales en la provincia.

El recurso presentado impugna específicamente los artículos 6 y 1-F del Real Decreto 422/2025, que establece la creación de nuevos puestos en secciones dedicadas a la violencia de género. Esta normativa asigna al juzgado de Santiago la responsabilidad de manejar casos provenientes de localidades como Noia, Ribeira y Muros, así como de Arzúa, Negreira, Padrón y Ordes, alarmando al Colegio de Abogados que considera injusto este enfoque.

Según informó la entidad en un comunicado, los argumentos de la impugnación se centran en la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Aseguran que con esta medida estas mujeres serían forzadas a viajar hasta 70 kilómetros para acceder a la justicia, lo cual constituye un obstáculo inaceptable.

Además, el Colegio ha solicitado que se suspenda la aplicación del artículo 6 del mencionado Real Decreto, dado que la implantación de estas agrupaciones se prevé para el 31 de diciembre de 2025. Este pedido de cautela busca evitar que las mujeres se enfrenten a un acceso a la justicia aún más complicado antes de que la normativa entre en vigor.

Si esta disposición hubiera sido vigente en 2024, se estima que 314 mujeres víctimas de violencia habrían visto debilitados sus derechos a una defensa apropiada y a la asistencia legal, generando un riesgo de revictimización y desincentivando, a su vez, la presentación de denuncias.

El Colegio de Abogados ha criticado que esta normativa va en contra de lo estipulado en la Medida 169 del Pacto de Estado para la eliminación de la violencia de género en 2025, describiéndola como un agravio directo hacia las mujeres afectadas. Este malestar se acentúa debido a la dificultad que supondría para las víctimas el tener que recorrer largas distancias para recibir atención legal.

Por último, el Colegio enfatiza que esta normativa no solo perjudica a las víctimas, sino que también complica gravemente el servicio público de asistencia jurídica gratuita y la actuación conjunta de los abogados adscritos a estos partidos judiciales, creando un escenario de desbeneficio tanto para las mujeres como para los profesionales del derecho involucrados.