En un importante paso hacia la cooperación entre la Xunta y el Gobierno central, se logró cerrar un acuerdo dentro de la Comisión Bilateral de Cooperación entre Administración general y la comunidad. Este acuerdo permitió solventar las diferencias que existían en relación con la ley gallega de calidad alimentaria.

El punto de discordia se centraba en el segundo punto del artículo 29 de la normativa, específicamente en las denominaciones geográficas de calidad para productos agrarios, alimenticios, vitivinícolas y de bebidas espirituosas.

Este punto establecía que la norma se aplicaba a aquellas denominaciones geográficas de calidad que no superaran el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. Sin embargo, el régimen inspector y sancionador sería aplicable a infracciones relacionadas con denominaciones geográficas de otros ámbitos territoriales detectadas en Galicia.

Tras iniciar negociaciones en abril para resolver las discrepancias competenciales, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó un acuerdo este viernes en el que ambas administraciones se comprometen a interpretar y aplicar el punto 2 del artículo 29 de manera que el régimen sancionador no se aplique a infracciones de competencia estatal relacionadas con denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito supraautonómico.

Con este acuerdo, la Xunta y el Gobierno dan por resueltas las discrepancias y controversias planteadas, comprometiéndose a comunicar el acuerdo al Tribunal Constitucional y a publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de Galicia (DOG).