El Ayuntamiento de Boiro ha decidido presentar una denuncia formal contra una funcionaria que, según su acusación, ha establecido un sistema de corrupción que socava la confianza pública. Esta situación ha suscitado serias preocupaciones sobre la gestión de los recursos destinados al servicio de ayuda a domicilio en la localidad gallega.

La controversia ha cobrado protagonismo en la Audiencia Provincial de A Coruña, donde comenzó el juicio tras la constitución del jurado popular. La funcionaria, acusada de malversar fondos, ha argumentado que fue ella quien alertó sobre actividades corruptas dentro del Ayuntamiento, lo que, según sus palabras, desencadenó una serie de represalias en su contra.

En la primera jornada del proceso, la Fiscalía ha presentado su caso, señalando que la acusada ha incurrido en los delitos de malversación y exacciones ilegales, pidiendo una condena de cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer un cargo público. El fiscal, Antonio Roma, ha destacado que, a pesar de que este caso no se trate de un escándalo de corrupción a gran escala, la funcionaria utilizó su posición para desviar fondos públicos de manera indebida.

Concretamente, la Fiscalía sostiene que la empleada realizaba cobros por servicios no prestados y recibía pagos que no ingresaba en las arcas municipales. Se estima que logró apropiarse de más de 25.000 euros mediante diversas irregularidades, incluyendo la manipulación de censos para ocultar sus acciones.

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento ha manifestado que no existen categorías de corrupción que minimicen el delito, enfatizando que el perjudicial efecto de estas prácticas puede ser aún más grave cuando ocurre de forma clandestina a lo largo de los años. En su opinión, la acusada “ha creado un verdadero chiringuito de corrupción” aprovechando su posición y sus conexiones con el servicio de asistencia.

El abogado ha revelado la existencia de un informe de investigación del Ayuntamiento que detalla múltiples irregularidades y ha mencionado que el descubrimiento de estas actividades ilícitas se produjo de manera fortuita cuando un compañero de la acusada encontró un recibo incorrecto mientras ella estaba de vacaciones.

La defensa ha reaccionado, argumentando que la acusada es inocente y que el dinero presuntamente malversado se encuentra en las cuentas del Ayuntamiento. Además, han alegado que el Ayuntamiento no ha demostrado de manera suficiente la culpabilidad de su clienta y han cuestionado la credibilidad de la acusación al señalar que la administración anterior había reconocido la falta de pruebas antes de su salida del cargo.

En este contexto, el abogado defensor ha planteado que se está ante un conflicto entre una gran institución, representada por el Ayuntamiento, y una funcionaria que se encuentra en desventaja, sugiriendo que los esfuerzos por desacreditarla pueden ser el resultado de una retaliación por sus denuncias previas sobre corrupción en la administración local.