Un reciente desarrollo en el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional ha mostrado que el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, mejor conocido como Sito Miñanco, es el verdadero propietario de una cuantiosa suma de dinero que estaba bajo investigación, desmarcando la implicación de otro acusado, Manuel González Rubio.

Manuel Puentes Saavedra, apodado ‘El Gordo’, testificó en el proceso judicial que él era el encargado de coordinar los envíos de fondos hacia Colombia, los cuales provenían de Luis Enrique García Arango, persona de gran confianza para Miñanco. Puentes informó que se reunió con el abogado Gonzalo Boye para discutir la recuperación de unos 900,000 euros que habían sido incautados en el aeropuerto de Barajas.

El testimonio de Puentes se considera crucial en este juicio, ya que él fue identificado por la Fiscalía como uno de los actores esenciales en la ocultación de beneficios derivados de actividades ilícitas, junto con González Rubio. Durante su declaración, ‘El Gordo’ admitió que inicialmente pensó que el dinero que manejaba era simplemente para García Arango, pero que pronto descubrió, tras una reunión con Sito Miñanco, que esos fondos realmente le pertenecían a este último.

El acusado, quien enfrenta una pena de diez años de prisión por blanqueo de capitales y falsificación de documentos, explicó que cambió su declaración original en 2019, cuando comprendió que existía una organización criminal detrás de estos flujos de dinero. Puentes afirmó que tras la incautación en Barajas, García Arango lo contactó para discutir cómo recuperar el dinero perdido, lo que resultó en una reunión con Boye y otro abogado implicado, Jesús Morán.

En esta reunión, Puentes recordó que se mencionaron pagarés que supuestamente permitirían justificar los fondos incautados, aunque él no tuvo acceso a dichos documentos. Al ser cuestionado por la ausencia de González Rubio en esa reunión, Puentes explicó que el acusado estaba de viaje, pero regresó para firmar contratos importantes relacionados con esos pagarés.

Puentes también reveló que Boye estuvo presente en una reunión posterior en un restaurante en junio de 2017, donde se informó que los pagarés no eran utilizables según Hacienda. Durante esa cita, se encontraba también la hija de Sito Miñanco, a quien inicialmente no reconocía. Boye había sugerido que se levantara un acta notarial para certificar la autenticidad de los documentos, a pesar de que Puentes sólo pudo ver los contratos firmados por González Rubio.

En términos de pago por los servicios legales de Boye, Puentes admitió haberle entregado 10,000 euros como provisión y 30,000 a Morán. Al ser cuestionado acerca de Sito Miñanco, Puentes aclaró que era el encargado de devolverle una suma cercana a los 900,000 euros. Esto se aclaró durante una de sus reuniones, donde Miñanco se presentó como el verdadero dueño del dinero mencionado.

La defensa de Miñanco ha intentado socavar la credibilidad de Puentes, cuestionando incluso detalles personales sobre su experiencia en las reuniones. Sin embargo, a pesar de los intentos de confundir al testigo, este mantuvo que su primer encuentro con Sito Miñanco fue en 2016 bajo el alias de Mario, al que García Arango le presentó en un bar en las afueras de Madrid.

Las defensas de otros acusados han sugerido que Puentes podría haber estado bajo presión, dado que recibió visitas de policías durante su tiempo en prisión. Él rechazó tales afirmaciones, negando cualquier acuerdo que implicara cambiar su testimonio a cambio de beneficios personales, particularmente en relación con un homicidio que se le atribuye en Colombia.

El fiscal considera que las afirmaciones de Puentes refuerzan su caso, sugiriendo que Boye intentó ayudar en la recuperación del dinero de una manera que violaba la ley. De acuerdo con el Ministerio Público, había una estrategia para elaborar documentos falsos que hicieran parecer legal el origen de los fondos ante las autoridades pertinentes.

Por su parte, la defensa de Boye ha contrapuesto que Puentes ha mostrado inconsistencia en su testimonio, el cual es fundamental para la acusación en su contra. Este miércoles, el juicio también incluyó la declaración de varios empleados del buque Thoran, que fue interceptado transportando grandes cantidades de cocaína, revelando más detalles sobre la participación criminal en la operación.

Durante este proceso, se ha señalado al capitán del barco como el responsable de las decisiones que llevaron a la tripulación a cargar y ocultar los paquetes de droga, descargando la culpa en él, pues un miembro de la tripulación explicó que el capitán había dado órdenes claras que desviaron el rumbo del barco, marcando así su responsabilidad en el tráfico de sustancias ilícitas.

La Fiscalía ha solicitado penas de prisión significativas para los miembros de la tripulación involucrados, así como multas elevadas en relación a su implicación en esta red delictiva.