• martes 31 de enero del 2023
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Archivada la causa contra el edil vigués López Font por el decreto de bomberos, al no apreciarse prevaricación

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El concejal apeló al interés general pues, con menos de 20 bomberos, la "indefensión" sería "absoluta" en el caso de siniestro

VIGO, 23 Ago.

El juzgado de instrucción 5 de Vigo ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones iniciadas tras la demanda interpuesta por la CIG contra el concejal Carlos López Font y el jefe de servicio de Seguridad, A.V.M., al no apreciarse delitos de prevaricación en el decreto aprobado por Junta de Gobierno en el mes de febrero de 2019 (que autorizaba a suspender los reposos de los bomberos por carecer de personal, y que fue anulado por los juzgados más tarde).

Según han informado fuentes judiciales, la jueza de instrucción ha acordado archivar estas diligencias al no mostrarse "adecuadamente justificada" la perpetración de los delitos de prevaricación administración o prevaricación por omisión.

Así, fundamenta su resolución en las afirmaciones prestadas por los 2 investigados en este trámite, el concejal socialista Carlos López Font, que en 2019 era responsable de Seguridad y Movilidad, y el jefe del área, A.V.M.

En su coche recopila que el edil declaró que "no hubo ninguna animadversión ni intento de dañar derechos", y que actuó para asegurar la seguridad de los ciudadanos.

Curiosamente, tanto López Font como el jefe del área reconocieron, según se traslada en este coche del archivo, que el decreto que dejaba suspender reposos y también imponía 'de hecho' las horas poco comúnes tenía como finalidad asegurar un mínimo de efectivos en el servicio de bomberos, de 20 gobernantes, y se aplicaría en el caso de que fuera "rigurosamente preciso".

Según mantuvieron en el juzgado, la escasez de personal se había venido sorteando a través de la realización de horas plus en los últimos años, pero "de un día para otro", los causantes se hallaron con que mucho más de media plantilla se negó a realizar esas horas poco comúnes.

Asimismo, Font reconoció que, si el número de efectivos libres es inferior a 20, en el caso de siniestro la "indefensión" de la ciudadanía sería "absoluta", puesto que los bomberos no tienen la posibilidad de ser reemplazados por otros trabajadores. Por ello, apeló al interés general y la necesidad de asegurar la seguridad de personas y recursos.

En exactamente la misma línea, el jefe de área aceptó frente a la jueza que sin los refuerzos no se podía asegurar el mínimo de efectivos y, si no se "forzaban" las horas plus, "no se podría ofrecer servicio a la localidad".

En todo caso, el decreto que dio origen a esta causa fue anulado por un juzgado de lo contencioso administrativo de Vigo en una sentencia que fue más tarde ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza, en un par de ocasiones (puesto que el decreto fue denunciado un par de veces, por los sindicatos CIG y CUT).

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