Las víctimas del trágico accidente ferroviario en Angrois han expuesto su descontento con la reciente auditoría europea. En su comunicado, califican el informe como "demoledor", afirmando que este documento deja "en ridículo" al fiscal que ha decidido recurrir la condena impuesta al exjefe de seguridad de Adif.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov.

La unión europea ha revelado serias "notables deficiencias" en la aplicación de la normativa de seguridad ferroviaria en nuestro país. Este hallazgo proviene de una auditoría realizada en 2018, la cual fue solicitada tras las denuncias de las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013. Las víctimas, para hacer sus reclamos más visibles, acudieron a Bruselas gracias a la invitación de la eurodiputada del BNG Ana Miranda.

El resultado de esta exhaustiva revisión puede encontrarse en un documento fechado en 2019. Este informe, por el cual la plataforma de víctimas ha luchado durante años, fue enviado esta semana a diversos medios de comunicación.

En el informe, la Comisión Europea expresó su preocupación en relación a la falta de utilización de sistemas de gestión de seguridad en las empresas del sector ferroviario español. Esta carencia impide que dichas herramientas sean empleadas eficientemente para el control de riesgos y la mejora continua de la seguridad del sistema ferroviario, tal como se exige en la Directiva 49/2004.

Además, el informe advirtió que no parece haber una relación clara entre la evaluación de riesgos y la vigilancia pertinente. Sin esta vigilancia, resulta imposible determinar si los riesgos están, de hecho, bajo control.

La Comisión concluyó que estas notables deficiencias son un evidente incumplimiento de las responsabilidades que España tiene bajo la directiva de seguridad mencionada. Para la plataforma de víctimas, esta auditoría representa una crítica contundente y pone en tela de juicio la labor del Ministerio Público al recurrir la condena del exjefe de seguridad de Adif.

Las víctimas subrayan que si en 2018 la normativa no se cumplía, es fácil imaginar la precariedad en 2011, cuando se inauguró la línea, o en 2012, cuando se desconectó el sistema de seguridad.

El fiscal Antonio Roma, en su intento de absolver a Adif a través de un escrito, no solo queda expuesto ante la opinión pública, sino que también parece eludir su obligación constitucional de proteger a la sociedad y asegurar el respeto a la ley, critican las víctimas en su comunicado.

Asimismo, expresan que no les sorprende la actitud del fiscal Roma. Recuerdan cómo en una reunión celebrada el 1 de junio de 2014 en Madrid, donde víctimas solicitaron la investigación del cumplimiento de la normativa de seguridad, su respuesta fue exigir un aumento del 40 por ciento en las indemnizaciones.

“El fiscal Antonio Roma no mostró interés en investigar, pero sí en silenciarnos y tratar de sobornarnos. Se comporta como un títere al servicio del Estado, con la misión de encubrir negligencias y evitar que se asuman responsabilidades políticas”, apuntan con indignación.

Tras un extenso proceso judicial en relación al accidente de Angrois, el cual resultó en la trágica pérdida de 80 vidas y más de un centenar de heridos, la jueza emitió una sentencia que condenó al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y al maquinista, Francisco Garzón, por 79 homicidios imprudentes, obviando una muerte que ocurrió posterior al siniestro.