La tasa de violencia de género en Galicia se ha consolidado como una de las más bajas de España, al registrarse 13,9 mujeres víctimas por cada 10.000, confirmando así la eficiencia de los mecanismos de prevención y protección en la comunidad. Este dato, que sitúa a Galicia en la tercera posición a nivel nacional, es motivo de análisis y reflexión sobre las políticas implementadas en esta región.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 de diciembre. La situación de la violencia de género en Galicia presenta un panorama complejo, según las estadísticas reveladas este lunes por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Durante el tercer trimestre de este año, se contabilizaron un total de 2.043 denuncias, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el mismo trimestre de 2023.

Este aumento de denuncias se traduce en un promedio de 22 casos diarios relacionados con la violencia de género, lo que pone de relieve la necesidad de seguir abordando este problema con seriedad. De las denuncias presentadas, la mayoría, es decir, 1.514, fueron formuladas directamente por las víctimas, lo que contrasta con las 41 denuncias interpuestas por familiares, las 115 notificadas a través de partes de lesiones, y las 345 que llegaron a través de intervenciones policiales.

Asimismo, se ha observado un incremento del 5,5% en el número de mujeres víctimas, alcanzando la cifra de 1.958 frente a las 1.856 registradas durante el tercer trimestre de 2023. A pesar de este aumento, la tasa de violencia de género en Galicia sigue siendo notablemente inferior al promedio nacional, que se sitúa en 19,6. Solo La Rioja y Castilla y León presentan cifras más bajas, con 13,8 y 11,3 respectivamente, lo que demuestra un avance positivo en la contención de esta problemática en el territorio gallego.

En lo correspondiente a menores tutelados que han sido víctimas de violencia de género, se registraron 12 casos durante este periodo, una cifra que se ha reducido respecto a los 17 del mismo trimestre del año anterior. Esto puede indicar un leve progreso en la protección de este grupo vulnerable, aunque es fundamental seguir prestando atención a sus necesidades.

En lo que se refiere a la labor judicial, durante el tercer trimestre se dictaron 498 sentencias en procesos relacionados con la violencia de género, de las cuales 443, es decir, el 89%, fueron condenatorias. Además, los juzgados de menores processaron a cuatro personas por delitos conexos a la violencia sobre la mujer, reflejando así la seriedad con la que se enfrentan estas situaciones en el sistema judicial gallego.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha revelado que en este trimestre se ha registrado un descenso del 19,7% en los casos en los que las víctimas optaron por acogerse a la dispensa de la obligación de declarar como testigos. Solo 110 mujeres tomaron esta decisión, comparado con las 137 del año anterior, lo que puede ser indicativo de una mayor confianza en el sistema judicial.

Asimismo, se solicitaron un total de 474 órdenes de protección, lo que representa una disminución del 9% en relación con el mismo periodo de 2023, en el que se demandaron 521. De estas solicitudes, 320 órdenes, es decir, el 67,5%, fueron efectivamente adoptadas, lo que muestra un compromiso por parte del sistema judicial para proteger a las víctimas.

En los juzgados de guardia que no tienen competencia en violencia de género, se solicitaron 130 órdenes de protección, de las cuales se otorgaron 64. Es importante destacar que en 142 de los 474 casos, la relación entre agresor y víctima se mantenía en el momento de formular la demanda, un detalle que plantea preguntas sobre la dinámica de las relaciones afectivas en situaciones de violencia.

Por último, se establecieron un total de 673 medidas judiciales penales de protección para mujeres y menores a raíz de las órdenes de protección y otras medidas cautelares. Las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación fueron las más comunes, con 307 y 302 casos respectivamente, lo que subraya la necesidad de salvaguardar a las víctimas en un entorno que, en ocasiones, puede ser hostil.

Además, se impusieron 145 medidas cautelares civiles, orientadas a proteger tanto a las mujeres como a los menores mientras se resuelven los procesos penales. Entre estas medidas, la atribución de la vivienda y la prestación de alimentos fueron las más solicitadas, evidenciando la importancia de garantizar una estabilidad para las víctimas durante estos difíciles momentos.