El Ayuntamiento de Vigo ha presentado una solicitud al juzgado de lo Contencioso Administrativo para llevar a cabo el desalojo y corte de luz de los edificios ubicados en la calle Fisterra, números 11 y 13. Esta medida se debe a los repetidos requerimientos ignorados por la propiedad y algunos residentes, quienes han desobedecido las órdenes en relación a las deficiencias eléctricas que representan un riesgo y pueden ocasionar graves consecuencias.

Desde hace algún tiempo, estos dos inmuebles han sido objeto de atención por parte del gobierno municipal debido a los problemas en el suministro eléctrico y otras cuestiones relacionadas con la habitabilidad. Por esta razón, las dos sociedades propiedad del mismo dueño han sido instadas en varias ocasiones a realizar mejoras, y han sido sancionadas por no hacerlo.

El pasado 10 de octubre, un ciudadano particular denunció las malas condiciones de los edificios, que funcionan como una pensión ilegal, alquilando habitaciones sin tener la debida licencia. Los residentes se han quejado de la falta de servicios, la presencia de cucarachas, grietas, moho y otros problemas.

El 19 de octubre, el Ayuntamiento ordenó el desalojo de los inmuebles y la suspensión del suministro eléctrico después de recibir un informe del arquitecto municipal que alertaba sobre el "riesgo real de fallo en la instalación eléctrica con resultados impredecibles". Para llevar a cabo el desalojo, la Policía Local y técnicos municipales se presentaron en el lugar e informaron a los residentes sobre las posibilidades de realojamiento.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha logrado realojar a una docena de personas de las aproximadamente cincuenta que vivían en los edificios. Sin embargo, el resto de residentes se negaron a abandonar voluntariamente. Dos días después, la Policía Local verificó la situación de los edificios y constató que aún había luz y personas en su interior, demostrando una falta de intención de abandonar las viviendas.

En una nueva inspección, el arquitecto municipal confirmó esta situación y advirtió sobre la necesidad de desalojar el edificio, ya que si se cortaba la luz y las personas continuaban viviendo allí, existía el riesgo de que utilizaran métodos alternativos, como quemadores o velas, lo que aumentaría el peligro de incendio.

Además, los responsables municipales de Sanidad y Consumo elaboraron un informe en el que advierten de los problemas en los edificios que podrían afectar la salubridad y la salud de los residentes.

Por todos estos motivos, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de llevar a cabo el desalojo forzoso y ha solicitado la autorización judicial para poder acceder a los edificios. No obstante, esto no implica que no se impongan sanciones a la propiedad por ignorar las solicitudes del gobierno municipal. Fuentes del Ayuntamiento han informado que la ejecución de esta acción está a la espera de la aprobación del juzgado.