Besteiro solicita a la Xunta crear un banco público de alquiler para afrontar la crisis de vivienda.
La alcaldesa de A Coruña ha alzado su voz contra lo que considera una "inacción de la Administración autonómica", acusando a esta de haber “abdicar” de sus responsabilidades en materia de vivienda, lo que repercute negativamente en la situación habitacional de la región.
A CORUÑA, 13 Nov.
En una reciente declaración, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, instó a la Xunta a implementar “medidas rápidas” con el fin de aliviar la “emergencia habitacional” que afecta a numerosos municipios de Galicia. Durante su visita a A Coruña junto a la alcaldesa Inés Rey, Besteiro subrayó la urgencia de construir vivienda pública cuya propiedad se mantenga en manos del Estado de manera permanente.
Ante la demora en la ejecución de los proyectos, que podrían llevar varios años, insistió en que el Gobierno de Rueda debe actuar con mayor celeridad mediante otras iniciativas para abordar la “situación crítica” que atraviesan muchas familias y jóvenes gallegos.
Como ejemplo de los efectos de la falta de acción de la Xunta, Besteiro destacó que A Coruña está comenzando a implementar medidas como la transformación de la Empresa Municipal de Vivienda, que se encargará de gestionar el parque municipal de pisos, así como la construcción de un nuevo bloque en la zona de Xuxán y el desarrollo de polígonos como el de Visma, donde se prevé que aproximadamente el 25% de las 4.000 viviendas a construir sean de carácter público.
El líder socialista argumentó que la situación actual es consecuencia de 15 años en los cuales los gobiernos de Feijóo y Rueda apenas realizaron avances en la construcción de vivienda pública, contrariamente a lo que sucedía en la era de Touriño en el gobierno autonómico.
A pesar de los anuncios del presidente Rueda sobre la necesidad de corregir estas políticas, Besteiro cuestionó si la construcción de nuevas promociones públicas puede resolver la urgente demanda que tienen miles de gallegos, incluyendo a 18.000 inscritos en el registro de solicitantes de vivienda pública.
Con este panorama, Besteiro solicitó a la Xunta que actúe rápidamente y que brinde apoyo a los ayuntamientos para que puedan gestionar las declaraciones de “zonas tensionadas”. Enfatizó que en otras comunidades se están implementando medidas que resultan en la disminución de precios de alquiler, favoreciendo a los propietarios con bonificaciones fiscales, mientras que en Galicia la Xunta se muestra renuente a facilitar los trámites.
“Abogamos por la creación de un banco público de alquiler de viviendas”, reiteró el secretario general, quien ya había presentado esta propuesta en el último pleno del Parlamento.
Se estima que con una inversión cercana a los 20 millones de euros, se podrían poner en el mercado de alquiler unas 5.000 viviendas en toda Galicia, garantizando desde la administración tanto los contratos como la duración, el pago de las rentas a los propietarios, y estableciendo precios que eviten la especulación y permitan a las familias afrontar pagos razonables.
Datos del INE revelan que en Galicia existen 500.000 viviendas vacías, de las cuales 20.000 se encuentran en la ciudad de A Coruña, “esperando ser rehabilitadas o destinadas al mercado de alquiler”.
“Es el momento de optar por lo público de manera decidida”, insistió José Ramón Gómez Besteiro, ante el incremento de precios exorbitantes en el mercado privado de alquiler que se torna inalcanzable, especialmente para los jóvenes. Recordó que muchos de ellos perciben salarios alrededor de 1.200 euros, debiendo destinar casi la mitad a cubrir el coste del alquiler.
“Frente a esta emergencia, es imperativo actuar de inmediato: más vivienda pública, pero también acciones desde el sector público para los alquileres”, demandó con firmeza.
Por su parte, la alcaldesa de A Coruña reafirmó que el problema del acceso a la vivienda se origina en la "inacción de la Administración autonómica", que posee las competencias en este ámbito pero ha decidido escabullirse de su responsabilidad, trasladando la carga a los ayuntamientos.
Inés Rey destacó que el Plan de Vivienda 2024/2030 de A Coruña se propone poner en el mercado 4.000 pisos, con un porcentaje significativo destinado a la promoción pública. Además, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, se gestionarán 400 propiedades de titularidad municipal para atender a los demandantes de vivienda, que según sus cifras, ascienden a entre 2.700 y 3.000 solo en A Coruña.
Respecto a las viviendas de uso turístico, criticó la falta de acción de la Xunta en relación con sus competencias y el hecho de seguir otorgando licencias, lo que contribuye al aumento de los precios de alquiler en el sector residencial.