Recientes declaraciones de partidos de la oposición en Galicia han puesto el foco sobre la gestión de la Xunta en materia de transparencia, acusando al Gobierno regional de ocultar información crítica sobre acuerdos con la empresa Altri. Tanto el BNG como el PSdeG han manifestado su descontento y han emprendido acciones legales para obtener acceso a la documentación relacionada con el controversial memorando que vincula a la Xunta con la sociedad Impulsa Galicia.

Este viernes, durante una rueda de prensa en el Parlamento gallego, el viceportavoz del BNG, Luís Bará, anunció que su partido había interpuesto un recurso contencioso-administrativo debido a lo que consideran una negativa sistemática a proporcionar información sobre lo que ellos describen como un “acuerdo secreto” entre el Gobierno y Altri, una empresa de origen portugués.

Bará argumentó que llevan más de un año solicitando esta información conforme al reglamento parlamentario y sugirió que hay pruebas suficientes que sugieren complicidad entre la Xunta y Altri, destacando que los acuerdos alcanzados podrían implicar un trato preferencial. Esta ocultación de información, según el BNG, es indicativa de una posible mala actuación del Ejecutivo gallego, liderado por Alfonso Rueda.

El memorando suscrito en octubre de 2021 es central en este debate. Según Bará, el documento establece un marco de colaboración que ambiguamente se traduce en una inversión de 200.000 toneladas de producción de fibras textiles en Galicia, pero que no ha cumplido con las expectativas originales, mencionando el proyecto de Palas de Rei como un ejemplo de esta discrepancia.

Los nacionalistas han solicitado datos sobre el concurso internacional que se basa en dicho memorando y han pedido explicaciones sobre los criterios de selección que llevaron a elegir a Altri sobre otras posibles candidatas en el proceso. Según ellos, la falta de transparencia en esta selección refuerza sus sospechas de un favoritismo aparentemente inadecuado.

El Pacto definitivo que se menciona en el memorando también ha sido objeto de escrutinio, ya que el BNG sostiene que el Gobierno de Rueda ha eludido proporcionar información sobre las condiciones necesarias que debieron cumplirse antes de que Altri pidiera declarar su proyecto como estratégico. Los parlamentarios del BNG creen que estos elementos son cruciales para entender la evolución de la situación y la implicación de la Xunta en el proceso.

Adicionalmente, el parlamentario hizo alusión a las reformas legislativas recientes promovidas por el PP, sugiriendo que estas servirían para proteger a las empresas en caso de que sus proyectos estratégicos no prosperaran, lo que, según él, genera un riesgo de desvío de fondos públicos hacia iniciativas privadas.

El PSdeG también ha alzado la voz pidiendo claridad sobre lo que han llamado un "veto informativo" del Gobierno autonómico respecto a la documentación esencial, incluyendo detalles de los pagos realizados a la consultora Equipo Económico del exministro Montoro. Los socialistas han manifestado su intención de perseguir sus demandas a través de todos los mecanismos posibles, incluido el acceso a la vía judicial si fuera necesario.

Los diputados Aitor Bouza y Patricia Iglesias, durante su intervención, hicieron hincapié en la necesidad de cumplir con los derechos de los legisladores para una adecuada supervisión de la administración. Aseguraron que lo que se esconden son no solo cifras, sino también los fundamentos de decisiones que podrían haber afectado considerablemente a la economía gallega.

Particularmente controvertido ha sido el análisis de un PowerPoint de 27 páginas pagado por la Xunta a la consultora, el cual, según Bouza, carece de valor técnico y fue utilizado para justificar una operación de fusión de cajas que resulta en un fracaso financiero para Galicia. Esta actitud de la Xunta ha sido considerada por los parlamentarios como una burla al control legislativo y un reflejo del clientelismo político imperante.

La discusión refleja la creciente tensión entre la oposición y el Gobierno gallego en un contexto donde la opacidad administrativa es criticada en medio de llamadas a una gestión más ética y transparente de los recursos públicos. A medida que estos partidos siguen presionando por mayor claridad, la cuestión de los acuerdos entre la Xunta y entidades externas promete ocupar un lugar central en la agenda política gallega.