BRUSELAS, 15 Feb.

   La Comisión Europea informó este miércoles del comienzo de un trámite de infracción contra España por carecer de transparencia en los métodos de adjudicación de concesiones en el dominio público marítimo terrestre del litoral y por el hecho de que piensa que las prórrogas sin justificación son "contrarias" a las reglas de la Unión Europea (UE). La ley de españa deja agrandar hasta 75 años las concesiones de sitios de comidas y también industrias.

   "La Comisión decidió incoar un trámite de infracción contra España por no haber garantizado un trámite de selección transparente y también ecuánime para la adjudicación de concesiones que se relacionan con las ubicaciones ribereñas", informó el Ejecutivo comunitario.

   Los servicios comunitarios agregan en un aviso que, a su juicio, la oportunidad de prorrogar las concesiones que ya están por un periodo de hasta setenta y cinco años sin justificación "es contraria a las reglas de la UE".

   La Ley de Costas de españa prevé la oportunidad de adjudicar "sin hacer métodos de selección libres y con transparencia" unas "concesiones" para crear locales permanentes como sitios de comidas, compañías papeleras o químicas, según sintetiza Bruselas, en espacios de dominio público marítimo-terrestre fuera de los puertos.

   Tampoco agrada a Bruselas que la ley de españa deje agrandar la duración de semejantes concesiones por un periodo de hasta setenta y cinco años, "de nuevo sin trámite de selección alguno", con lo que concluye que "viola la directiva de Servicios".

   En este contexto, los servicios comunitarios han enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que es el paso inicial de un expediente sancionador y otorga un período de un par de meses al país infractor para poner solución a la situación.

   En caso de que no haya acuerdo entre Bruselas y España, el trámite prevé aún una segunda etapa --dictamen animado-- que da unos meses mucho más de espacio al diálogo para solucionar las inquietudes antes que el Ejecutivo comunitario decida si eleva la situacion al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).