OURENSE, 5 de diciembre. En una reafirmación clara de las posturas de la Xunta, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido enérgicamente la solicitud que la comunidad autónoma ha realizado al Gobierno central respecto a la Unidad de la Policía Adscrita. Calvo subrayó la necesidad de asegurar que estos servicios se presten con la calidad adecuada y advirtió sobre el riesgo de que ciertas funciones, como la protección de las víctimas de violencia de género, se vean comprometidas si no se toman las medidas necesarias.

Las afirmaciones de Calvo han generado críticas entre los partidos de la oposición, que interpretan su advertencia sobre la posible limitación de funciones de la Policía Adscrita, a menos que se ajusten los términos de financiación propuestos por el Ministerio de Interior, como un intento de desviar la atención. A pesar de esto, el conselleiro se mantuvo firme en su argumento, definiendo su posición como "responsable" en el contexto de cuidar los intereses de las víctimas y de los ciudadanos gallegos en general.

Calvo se mostró sorprendido por la falta de comprensión de algunos partidos respecto a su postura, instándolos a reflexionar sobre su actitud y a ofrecer su apoyo a la Xunta en esta demandada mejora de financiación, que considera justa y necesaria.

En el marco de una reciente entrega de medallas de la Asociación Provincial de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil en Ourense, el conselleiro reiteró el compromiso del Ejecutivo gallego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno central. Buscan encontrar un equilibrio entre las exigencias defensivas de Galicia y las directrices del Ministerio.

La situación actual de la Unidad de Policía Adscrita en Galicia es de 338 agentes, con un claro objetivo de llegar a una plantilla de 500. A día de hoy, los salarios son cubiertos por el Estado, mientras que la Xunta asume los costos de productividad y otros gastos operativos de la unidad.

Recientemente, el Gobierno central ha propuesto que las nóminas de los agentes sean compartidas en un 50% y que la Xunta continúe asumiendo los gastos operativos. Frente a esta propuesta, Galicia ha planteado que se mantengan las condiciones actuales para los agentes ya existentes, mientras que los gastos correspondientes a nuevas plazas se estipulen con base en lo que el Ministerio propone.

Calvo ha enfatizado la voluntad del Gobierno gallego para llegar a un acuerdo satisfactorio tras la última reunión con el Ministerio, aunque la negociación se extiende ya durante un año y medio sin resultados concretos. "Lo importante es alcanzar una solución, ya sea esta semana o en enero", afirmó, insistiendo en la urgencia de llegar a un consenso pronto.

El conselleiro también ha insistido en que Galicia tiene una situación particular en comparación con otras comunidades autónomas, ya que ofrece servicios que en otros lugares no se prestan. Por esta razón, argumentó que la financiación de la Unidad de Policía Adscrita debería ser tratada de manera diferente.

Finalmente, Calvo destacó que se están utilizando muchos efectivos en funciones que no son de su competencia. Ante ello, el Gobierno gallego está preparando una carta para el Ministerio, en la que solicitarán una respuesta a los puntos tratados en la reciente reunión.

Aunque la Xunta sostiene que la protección en casos de violencia de género es una responsabilidad estatal, desde 2016 se estableció un acuerdo que permite la colaboración de Galicia en esta importante labor social.