La exconselleira ha manifestado que el bipartito vio la necesidad de evaluar todas las alternativas, pero que la financiación del proyecto iba a ser gestionada a través de la Sociedade Pública de Investimentos.

En la jornada del miércoles, María José Caride, quien ocupó el cargo de conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes durante el mandato de Emilio Pérez Touriño entre 2005 y 2009, se convirtió en la primera responsable del bipartito en comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento gallego. Esta comisión se encarga de analizar diversos temas, incluida la modalidad de concesión utilizada para la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Durante su intervención, Caride defendió las acciones de su gobierno en esos casi cuatro años, asegurando que, tras el regreso del Partido Popular a la Xunta en 2009, liderado por Alberto Núñez Feijóo, se decidió optar por un modelo de concesión de obras públicas, con el objetivo de mejorar la viabilidad económica del adjudicatario potencial.

La exconselleira argumentó que esta elección obligó a la Administración autonómica a estar atada a una empresa, en particular a una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por cinco entidades, que se encargaría de gestionar el hospital hasta 2035 a cambio de una compensación anual. Según Caride, el bipartito tenía la intención de desarrollar la infraestructura mediante la Sociedade Pública de Investimentos (SPI).

Ahora concejala socialista en el municipio de Vigo, Caride también sugirió que el gobierno de Feijóo no realizó un análisis de viabilidad exhaustivo, tal como lo criticó el Consello de Contas, y que, en su lugar, implementó una fórmula que ya tenían predefinida desde el inicio.

En sus declaraciones, la exresponsable de Obras Públicas señaló que la concesión de la que habla el Consello de Contas resultó en un sobrecoste de 470 millones de euros y que, en el proceso, se redujo el número de camas y el volumen útil proyectado en un 30% y un 20%, respectivamente.

Caride recordó que en 2004, durante el gobierno de Manuel Fraga, el Hospital Xeral mostraba deficiencias y que no había proyecto alguno para construir el Álvaro Cunqueiro. Así, al asumir el gobierno de Touriño, la nueva conselleira de Sanidad, María Xosé Rubio, se encontró con "325 millones de euros de facturas ocultas" y comenzó a "analizar alternativas" tras percibir los "graves problemas estructurales" del Xeral.

El plan funcional propuesto bajo su mandato visualizaba un nuevo hospital de referencia en Vigo, con capacidad para más de 2.000 camas --en la actualidad hay aproximadamente 1.400--, considerando la evolución demográfica de la región y buscando reducir el peso del concierto con Povisa.

Caride aseguró que el bipartito no heredó nada de Fraga en términos de proyectos. Reconoció que la única cosa que existía era un procedimiento "inmensamente largo" que obligaba al Ayuntamiento de Vigo a desarrollar siete suelos urbanizables.

Debido a esto, el gobierno de Touriño optó por acelerar la disponibilidad de terrenos a través de un proyecto sectorial que tuviera incidencia supramunicipal. Así, en 2007, se llevó a cabo un concurso de ideas y, en el presupuesto autonómico de 2009, se destinaron 11,5 millones para el pago de expropiaciones.

Desde el BNG, Montse Prado expresó su gratitud hacia Caride por aclarar lo que hizo el bipartito, destacando que la narrativa del PP en la comisión se basó en la afirmación de que "no habían dejado nada hecho".

Patricia Iglesias, del PSdeG, subrayó que Caride "puso las cosas claras" al confirmar que el bipartito realizó "todo el trabajo" desde un enfoque "público". Además, Iglesias resaltó las "irregularidades" que Contas había señalado en el contrato, como la extensión de la concesión a servicios no sanitarios en los hospitales Meixoeiro y Nicolás Peña, añadiendo que "no contaban con respaldo legal en ese momento".

En respuesta, el popular Roberto Rodríguez recordó que en una de las últimas reuniones del Consello de la Xunta bajo Fraga, semanas antes de que se disolvieran las elecciones de 2005 en las que perdió la mayoría, se aprobó un gasto para redactar el programa funcional y el proyecto básico de ejecución del hospital.

"Lo primero que hicieron ustedes (PSdeG y BNG) fue detener la adjudicación de ese anteproyecto", lamentó Rodríguez. Más adelante, mostró un informe que el bipartito había encargado a Garrigues para evaluar el modelo de financiación más adecuado, el cual sugería la creación de una sociedad mixta con un 90% de capital privado.

Caride respondió que, efectivamente, es necesario analizar todas las opciones y reconoció que el Consello de la Xunta de Touriño solo consideró una posibilidad de financiación, que fue a través de la Sociedade Pública de Investimentos. Esta entidad, según explicó, tenía un plan plurianual que contemplaba esa obra y otras, dejando claro que "el camino estaba trazado". La exconselleira cuestionó, además, la razón por la cual el PP decidió desviarse de dicho camino.

Caride también insinuó que el gobierno de Fraga no tuvo tiempo para iniciar la construcción del nuevo hospital antes de las elecciones autonómicas de 2005.

Asimismo, compareció en la comisión Alberto Fernández Villar, jefe de Pneumología de Vigo desde 2010, quien subrayó que el hospital marcó un "punto de inflexión" en el área sanitaria, no solo en lo asistencial, sino también en docencia e investigación. Sin embargo, reconoció que no podía determinar si el modelo elegido era el más adecuado.

Los diputados Armando Ojea (Democracia Ourensana) e Iago Tabarés (BNG) cuestionaron la relevancia de la presencia de Fernández Villar en la comisión, puesto que "nadie puso en duda" la necesidad del hospital. "Dada la escasez de médicos, su tiempo será muy apreciado", lamentó el diputado nacionalista.

Durante el debate, se produjo un enfrentamiento entre Patricia Iglesias (PSdeG) y Roberto Rodríguez (PP), quienes se pidieron mutuamente retirar comentarios realizados en sesiones anteriores de la comisión.

Iglesias insinuó que la concesión del Álvaro Cunqueiro había sido diseñada como un "traje a medida" para la UTE, al tiempo que mencionó la existencia de "irregularidades" en contratos concedidos por la Xunta a empresas vinculadas a personas cercanas a Feijóo. Rodríguez, en respuesta, le reprochó que insinuara que empleados públicos cometían "un delito de prevaricación administrativa, como mínimo".

El martes por la tarde, Iglesias solicitó a Rodríguez, apelando al "compañerismo" entre los diputados, que aceptara retirar sus palabras, ya que consideraba que eran "inexactas". Remarcó que nunca cuestionó el buen desempeño de los empleados públicos y explicó que la ley de contratos públicos "penaliza" a aquellas concesiones otorgadas a empresas con vínculos familiares con los responsables públicos, aunque quizás no en el ámbito penal.

Rodríguez sugirió que Iglesias "era consciente de haberse pasado de frenada" y finalizó el intercambio proponiendo que ambos podrían "revisar" lo que habían expresado. Tras ello, Iglesias amenazó con elevar una queja ante la Mesa del Parlamento, lo que llevó a la presidenta de la mesa de la comisión, Elena Candia (PP), a solicitar a ambos que "cedieran un poco" y acordaran que tales frases no quedaran registradas en el acta.