**SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov.** Un nuevo informe revela que un alarmante 12,7% de la población gallega, lo que representa aproximadamente 343.000 personas, se encuentra en una situación de exclusión social, ya sea de forma moderada o severa. Los datos provienen del IX Informe Foessa, divulgado recientemente por Cáritas España.

El análisis detallado señala que alrededor de 167.400 gallegos, es decir, un 6,2% de la población, enfrenta una exclusión severa. Este porcentaje, aunque significativo, es inferior a la media nacional del 8,8% y muestra una ligera mejora con respecto al 6,6% registrado en 2018.

En contraste, el 6,5% de la población gallega se encuentra en riesgo de exclusión moderada, lo que indica una notable disminución en comparación con el 10,2% de hace cinco años.

El informe también destaca que un 43,5% de los gallegos gozan de una integración plena en la sociedad, mientras que el 43,8% experimenta una integración precaria. Estos datos reflejan una división social creciente en la comunidad.

Cáritas ha advertido sobre un “proceso inédito de fragmentación social” que afecta no solo a Galicia, sino a toda España, donde se observa una coexistencia de aparente bonanza económica junto a altas tasas de desigualdad, las cuales crean un estado de “desasosiego” en la población. A nivel nacional, 4,3 millones de personas viven en exclusión severa, con 1,4 millones de ellos siendo niños.

Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA, señala que la actual crisis social se agrava con el desgaste de la clase media, obligando a muchas familias a descender a estratos sociales más bajos. A pesar de las recuperaciones económicas, no se han cerrado las brechas sociales, y la exclusión ha aumentado en un 52% desde 2007.

El estudio, que recopila entrevistas a más de 31.000 personas, pone de relieve que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa implementan estrategias activas para mejorar su situación, desmitificando la idea de que las personas son pasivas frente a su situación. Flores enfatiza que “no son las personas las que fallan, sino el sistema”.

Los principales factores que impulsan la exclusión social se centran en las condiciones de vivienda y empleo. Concretamente, el informe revela que el 45% de la población que vive en alquiler está en riesgo de pobreza, una de las tasas más altas de la Unión Europea.

Flores subraya que la crisis del acceso a la vivienda está llevando a un cuarto de los hogares españoles a la exclusión, deteriorando aún más la frágil estabilidad de las clases medias. Según el informe, uno de cada cuatro hogares sufre de exclusión residencial, lo que representa una realidad alarmante.

Además, el hacinamiento ha aumentado, con un 7% de la población viviendo con menos de 15 metros cuadrados por persona, lo que representa un incremento desde el 5,1% en 2018.

El mercado laboral tampoco está exento de problemas, pues se ha perdido gran parte de su capacidad para proteger e integrar a las personas. Actualmente, alrededor del 47,5% de la población activa se encuentra en situación de precariedad laboral, lo que representa 11,5 millones de trabajadores en diversas formas de inseguridad.

Entre otros factores que contribuyen a la exclusión social se incluyen la educación, el origen familiar, la salud y las relaciones sociales. Según el informe, no obtener un título superior a la educación secundaria incrementa considerablemente el riesgo de caer en la pobreza.

El análisis también destaca que los niños de familias con bajos niveles educativos tienen más del doble de probabilidades de enfrentar pobreza en comparación con aquellos cuyos padres tienen una educación superior.

La salud es otro aspecto preocupante; el 6% de las familias más vulnerables que padecen enfermedades graves carecieron de atención médica el año pasado, el doble que en el promedio general.

Asimismo, el aislamiento social de las personas en exclusión severa ha aumentado significativamente, evidenciando una soledad creciente que afecta a casi la mitad de los hogares en esta situación, que en su mayoría están encabezados por mujeres.

Respecto a la población inmigrante, el informe revela que casi la mitad de este grupo vive en exclusión social, una tasa que casi triplica a la de la población autóctona. La situación administrativa de los inmigrantes también juega un papel crucial, con un alarmante 68% de quienes no tienen regularización sufriendo exclusión.

Sobre la política migratoria, Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, expresó que la reforma del reglamento de extranjería podría facilitar condiciones más favorables para la integración de los inmigrantes, aunque subrayó la necesidad de acelerar los procesos burocráticos actualmente saturados.

El informe resalta que un tercio de las personas en situación de exclusión severa son menores, con una tasa de pobreza del 29%, la más elevada entre los grupos de edad en Europa. También menciona a 2,5 millones de jóvenes que enfrentan precariedad estructural, lo que repercute negativamente en sus trayectorias laborales.

Asimismo, se alerta sobre el impacto ambiental del sistema socioeconómico actual, que consume recursos a un ritmo que superaría la capacidad de nuestro planeta. Si todos vivieran como en España, necesitaríamos 2,5 planetas, un dato que subraya el individualismo y la desconexión con la realidad ecológica.

El informe concluye que los problemas actuales son síntomas de un modelo social que crea inequidad y precariedad de forma inherente, generando una sensación generalizada de ansiedad y desasosiego en la sociedad. Flores describe esta paradoja como una coexistencia de prosperidad superficial junto a profundos malestares estructurales.