BRUSELAS / SANTIAGO DE COMPOSTELA, diez Oct.

La Comisión Europea ha sobre aviso este lunes de que más allá de que está abierta a una revisión del veto a la pesca de fondo en 87 zonas protegidas del Atlántico recién impuesto ésta va a depender de los datos científicos que se conozcan el próximo 16 de diciembre y, en cualquier caso, "no va a llevar de manera automática" a una exclusiva resolución, sino va a abrir un desarrollo que no concluiría antes de la primavera del próximo año.

"La revisión de forma anual no transporta de manera automática a un nuevo acto de ejecución. El reglamento sobre aguas profundas de 2016 ordena a la Comisión a accionar con base científica con lo que hay que aguardar un nuevo dictamen científico", dijo el directivo general adjunto de la Dirección General del Mar de la Comisión Europea, Kestutis Sadauskas, en un enfrentamiento con eurodiputados.

El funcionario --que ha sustituido en la comisión de Pesca de la Eurocámara al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, quien anuló su asistencia a última hora por una lesión en la rodilla-- ha precisado que los servicios comunitarios aguardan un nuevo dictamen el "16 de diciembre" y que toda reevaluación implica unos procesos de solicitud y estudio que dilatarían toda resolución por lo menos a "primavera de 2023".

Además ha remarcado que el veto se va a aplicar únicamente desde los 400 metros de hondura, al paso que hasta ese nivel va a estar tolerada tanto la pesca de fondo como otros tipos, y esto no por un cambio de parecer de Bruselas sino más bien por el hecho de que de esta forma lo establece el reglamento desde su comienzo.

El gerente comunitario ha amado asimismo llamar a un enfrentamiento "sereno" tras semanas de tensión, un comentario que no ha dirigido de manera expresa a absolutamente nadie pero que se genera días una vez que Bruselas corrigiera al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el momento en que éste aseguró que la Comisión alzaba una parte de la prohibición de pesca.

En su exposición, Sadauskas ha amado insistir en múltiples cuestiones clave del pulso con España y también Irlanda, países que rechazan el veto, la primera de ellas proteger que Bruselas "no cambió ni podría mudar" un "ápice" de lo que marca el reglamento de 2016 para aguas profundas que ordena a la UE a limitar las atrapas en las ubicaciones protegidas y que se ha apoyado rigurosamente en los dictámenes científicos libres.

También ha remarcado que el reglamento de 2016 fue el resultado del acuerdo entre los Veintisiete y del Parlamento Europeo, con lo que la prohibición que ha entrado en vigor este domingo "no es una resolución política de la Comisión Europea", sino más bien el resultado de las reglas negociadas por los 2 colegisladores.

Una decena de eurodiputados, en su mayor parte españoles de múltiples conjuntos políticos, tomaron la palabra para afear al Ejecutivo comunitario que no haya aguardado a los datos científicos de este otoño-invierno antes de seguir a realizar la resolución, habida cuenta de que arrastraba 4 años de retardo ya que debía haber gestionado el primer acto de ejecución en 2018.

También han llamado a la "suspensión" instantánea de la medida hasta el momento en que la situación sea reevaluada a la luz de los reportes mucho más recientes y han planteado que los servicios legales de la Eurocámara estudien las opciones de recurso ya que, según afirman eurodiputados del PP, PSOE, BNG y PNV, no se realizaron las evaluaciones de encontronazo socioeconómicas pertinentes.