VIGO, 18 Dic. - El sindicato CIG ha transmitido su preocupación por la precarización y ha solicitado reformas legales para restablecer los derechos de los trabajadores. Además, ha vuelto a exigir un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con datos precisos que debería alcanzar los 1.253 euros mensuales.

En una rueda de prensa en Vigo, el secretario xeral de CIG, Paulo Carril, acompañado por Francisco González Sío, ha expresado su inquietud por dos cuestiones que todavía no se están resolviendo. En primer lugar, la aprobación de un nuevo SMI por debajo de lo requerido por España según la Carta Social Europea. En segundo lugar, la reforma de las prestaciones por desempleo que consideran una pantomima.

Por su parte, Francisco González Sío ha recordado que, según los cálculos del Comité Europeo de Derechos Sociales y la Agencia Tributaria, el SMI debería ser de 1.253 euros mensuales en 14 pagas para cumplir con los estándares europeos.

Con respecto a las prestaciones por desempleo, Paulo Carril ha advertido que las condiciones impuestas por la UE y las negociaciones entre ministerios pueden llevar a nuevos recortes para los trabajadores y desempleados. Ha denunciado privatización de los servicios de empleo y mediación, aumento de la precariedad para colectivos como los fijos discontinuos, y abuso de los ERTEs por parte de las empresas.

Según Carril, todo esto ha llevado a un sistema de subsidios basado en la beneficencia en lugar de otorgar derechos, inserción y acompañamiento a los trabajadores. La CIG ha solicitado una reunión urgente con el Gobierno para abordar la reforma de las prestaciones.

En respuesta a esta situación, el sindicato ha propuesto medidas para fortalecer la regulación y restituir derechos. Entre ellas, recuperar el papel de los servicios públicos de empleo, transferir competencias a Galicia y eliminar las ETTs. También proponen derogar el IPREM y mejorar las prestaciones contributivas por desempleo.

Además, desean garantizar las prestaciones a los fijos discontinuos, implementar una Renta Social de Inserción y aprobar nuevas tablas de cotización en el concepto de desempleo para penalizar la contratación parcial y discontinua.