En la ciudad de Santiago de Compostela, a fecha de 11 de diciembre, ha concluido la comisión de investigación dedicada a analizar la contratación de la Administración autonómica durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Este organismo se ha centrado principalmente en el contrato con la empresa Eulen, así como en el modelo de construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La comisión, impulsada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha terminado su ciclo de comparecencias y ahora se encuentra en la fase de elaboración del dictamen que recogerá las conclusiones derivadas de su trabajo en las últimas tres semanas.

Los últimos en comparecer ante la comisión han sido Rubén Cela y Alberto Souto, quienes ocupaban diferentes cargos en el gobierno bipartito de la Xunta de Galicia entre 2005 y 2009. La iniciativa del BNG para prorrogar el tiempo de trabajo de la comisión fue desestimada por el Partido Popular (PP), lo que generó tensiones en el desarrollo del proceso investigativo.

Ambos exresponsables han manifestado su desconcierto respecto a las razones por las que fueron convocados ante el organismo. Cela y Souto señalaron que sus responsabilidades anteriores en la Administración autonómica poco tenían que ver con el objeto de la investigación, así como que el período en cuestión no coincidía con sus etapas en el gobierno gallego.

Rubén Cela, quien se desempeñó como director general de Xuventude e Solidariedade durante el mencionado gobierno, declaró que no comprendía el motivo por el que su testimonio era relevante para la comisión, indicando que no había ninguna relación «directa» con los temas en cuestión. Su citación, según él, respondía a «otros intereses», una insinuación que pareció dirigirse hacia el PP, representado por el diputado Roberto Rodríguez, quien cuestionó la intervención de Cela en el caso 'Carrumeiro', el cual está vinculado a una empresa asociada al BNG.

Rodríguez aprovechó la ocasión para interpelar sobre la falta de respuesta a una pregunta central en la investigación: ¿Están los promotores de esta comisión en condiciones de mantener los patrones de calidad democrática que exigen a otros? Tal interrogante fue parte de una intervención en la que el diputado del PP recordó contratos menores firmados por administraciones locales del BNG durante su gestión.

Alberto Souto, secretario general de la Consellería do Medio Rural en el mismo período, compartió las dudas expresadas por Cela, afirmando que no entendía a qué se debía su citación en relación al objetivo de la comisión y al periodo que se pretendía investigar. Durante su comparecencia, el diputado del PP centró su atención en los contratos otorgados por gobiernos municipales del BNG, sugiriendo que existía un patrón en su accionar que no alineaba con los estándares de moralidad exigidos en la contratación pública.

La inclusión de Cela y Souto en la lista de comparecientes fue objeto de crítica por parte de varios grupos de oposición, incluyendo a Montse Prado (BNG), Patricia Iglesias (PSdeG) y Armando Ojea (Democracia Ourensana), quienes también cuestionaron el procedimiento seguido por la comisión.

Tras concluir las comparecencias, la comisión debatió una propuesta del BNG para extender el período de trabajo, la cual fue rechazada por el PP. Esta última argumentó que aún quedaba mucho por investigar y acusó a los populares de haber «torpedeado» el trabajo de la comisión de manera «premeditada». Oscar Ínsua, diputado nacionalista, criticó al PP, argumentando que su control de la comision representa un «atropello» al derecho de supervisión que tienen los diputados sobre el gobierno.

La diputada Patricia Iglesias también se unió a esta crítica, sugiriendo que las conclusiones estaban ya «escritas» y que había un interés en cerrar la investigación sin un análisis exhaustivo. Armando Ojea, por su parte, respaldó la propuesta del BNG.

El portavoz del PP, Alberto Pazos Couñago, defendió el rechazo a la extensión del trabajo de la comisión, acusando a la oposición de estar incomodada por la aplicación de las «mayorías» en la Cámara. Indicó que el BNG y el PSdeG habían ignorado una «oferta de consenso» para la lista de comparecientes y la solicitud de documentación, pidiendo además que cesaran las prolongaciones que podrían prolongar un «sufrimiento» innecesario de la comisión, al asegurar que no había evidencias de ilegalidades en el objeto de investigación.

Como último paso de la comisión, se ha validado la selección de los representantes de cada grupo que participarán en la elaboración del dictamen. Roberto Rodríguez será el titular del PP, acompañado por el exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mientras que por parte del BNG lo harán Iago Tabarés y Óscar Ínsua como suplente. Por el PSdeG, la titular será Elena Espinosa, con Patricia Iglesias de suplente.