Arangüena (PSdeG) acusa de "grave irresponsabilidad" a Conde por la concesión de un préstamo de 2,5 millones, en un caso de "tráfico de influencias"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic.
El Parlamento gallego ha solicitado a la Xunta, unánimemente tras iniciativa del PSdeG, que aspecto las ayudas a El Correo Gallego entre los años 2009 y 2022.
En su intervención en la Comisión Institucional, el diputado socialista Pablo Arangüena ha destacado que la compañía es investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago por "supuestos delitos que tienen dentro el blanqueo de capitales". Así, apunta que entre las ayudas de la Xunta está un préstamo de 2,5 millones de euros concedido por Xesgalicia en 2018, en el momento en que la compañía amontonaba deudas de 2 millones con la administración tributaria y de múltiples nóminas impagadas a sus usados, destaca.
Al respecto, hace hincapié en que el préstamo de Xesgalicia se concedió "con voto en pos del vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, y que jamás fue devuelto".
Con base en los reportes de la investigación, el diputado socialista apunta que "el directivo del periódico usó su aptitud de predominación para hallar ese obsequio de la Xunta". "Eso lleva por nombre tráfico de influencias", sentencia Arangüena.
Y es que reprocha que "financiaron una compañía zombi y también insolvente", en lo que tacha de "grave irresponsabilidad cometida además de esto por el vicepresidente de la Xunta de Galicia, el señor Conde".
Así, el Parlamento gallego necesita una relación descriptiva de las ayudas, capital y garantías de cualquier clase logrados por el diario El Correo Gallego desde la llegada del PPdeG a la Xunta, entre 2009 y 2022, incluyendo el término de todas esas ayudas.
Asimismo, asimismo se demanda una estimación de los importes adeudados por El Correo a la Xunta y a sus entidades y compañías dependientes, tal como el porcentaje que prevén recobrar de estos importes.
Por su parte, Luís Bará (BNG) ha expuesto que hablamos de unos "hechos muy graves" que "meritan una explicación" de la Xunta, de manera que haya "máxima transparencia".
Bará alarma sobre que se concediesen ayudas pese a no cumplirse los requisitos legales gracias a las deudas con la Seguridad Social y Hacienda, que sumaban "mucho más de un par de millones de euros", aparte de existir trabajadores con un par de años atentos de cobrar de salario.
En cambio, Alberto Pazos Couñago (PP) ha reprobado un "nuevo episodio de difama que algo queda", según afirma, "tan propio de la trayectoria parlamentaria del señor Arangüena", a quien ha tildado de "inquisidor" por "crear una fábula" sobre la concesión de un crédito que "no es investigado por absolutamente nadie".
"No se inspecciona ningún trato de favor, esencialmente, pues no existe trato de favor sabiendo que el crédito fue concedido en condiciones de mercado". "La Xunta no es investigada, vamos a dejar esto claro", asegura, mientras que recalca la colaboración del Gobierno gallego con el juzgado.
Aquí, Pazos Couñago apunta que se inspecciona "un presunto delito de blanqueo de capitales" de alguien "que no forma parte" del Gobierno gallego por un empleo presuntamente engañoso "que viene de distintas orígenes: bancario, Xunta y del Ayuntamiento de Santiago", pero "en ningún caso se está cuestionando la actuación ni de los bancos ni Xunta ni Ayuntamiento de Santiago".
Por todo ello, el diputado habitual censura las acusaciones de la oposición "sostenidas únicamente por el perjuicio ideológico", "carentes de cualquier sustento fáctico o ideológico", "amparándose en el abuso de la prerrogativas parlamentarias" que sin acta de diputado "podían ser constitutivas de un delito de calumnias". No obstante, el PPdeG ha votado en pos de la proposición.
