La Xunta de Galicia defiende la importancia de su red de albergues públicos, sosteniendo que su objetivo no es la obtención de beneficios económicos, sino garantizar alojamiento a los peregrinos durante los meses de invierno, cuando la oferta privada es escasa.

Un reciente informe del Consello de Contas ha suscitado controversia al cuestionar la gestión de los albergues públicos de la comunidad, administrados por la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Xacobeo (Xacobeo S.A.). Según el informe, el coste medio por cada estancia de peregrino asciende a 27 euros, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia de este servicio.

Según se detalla en el informe, hay marcadas diferencias en los costes de estancia entre los diferentes albergues. Aquellos ubicados en el Camino Francés, con una alta tasa de ocupación, presentan costes que oscilan entre 4 y 8 euros. Sin embargo, en el albergue de Sandiás, en Ourense, el coste se dispara a 942 euros, lo que convierte este caso en una clara anomalía dentro del sistema.

La ocupación también revela disparidades significativas; mientras Sandiás solo alcanza un 1% de ocupación, otros albergues como Arzúa logran un 56%, Sarria un 48% y Negreira un 68%. Esta variabilidad genera dudas sobre la efectividad de la administración de estos espacios.

El informe revisa con detalle la eficacia y la sostenibilidad financiera de la institución, subrayando que el 75% de su financiación proviene de la administración autonómica, mientras que el 25% restante se genera a través de ingresos propios. Sin embargo, se ha observado una pérdida de interés por parte de los peregrinos en los albergues públicos, a pesar de que la afluencia de caminantes ha aumentado.

A pesar de que este año se ha registrado un incremento en el número de estancias, los datos aún se encuentran por debajo del 84% de lo que se logró en el último año pre-pandémico. El informe indica que muchos peregrinos están eligiendo la opción privada de alojarse, lo que ha llevado a una disminución en la demanda de la red pública.

Contas establece que, para lograr la autofinanciación, sería necesario establecer un precio de 36 euros por noche, algo que podría resultar contraproducente debido a que el servicio ofrecido no se alinea con las expectativas de calidad de los usuarios, quienes tienen otras opciones más rentables y de mayor calidad disponibles.

Ante tales afirmaciones, la Xunta ha respondido que los albergues públicos fueron creados sin un lucro directo como objetivo. De hecho, enfatizan que son un elemento crucial para que el Camino de Santiago permanezca accesible durante el invierno, cuando los albergues privados cesan su actividad.

Las autoridades autonómicas subrayan que la red pública ha fomentado, a lo largo de los últimos 30 años, el surgimiento de una oferta privada complementaria y diversos negocios enfocados en atender a los peregrinos.

Asimismo, la Xunta sostiene que el retorno por cada euro invertido, que se eleva a 6,1 millones, podría ser superior a 45 euros, lo que subraya la rentabilidad indirecta de la inversión pública.

Finalmente, se afirma que la administración no subsidia a los peregrinos en el uso de los albergues, sino que se trata de una estrategia de promoción que aumenta la visibilidad de las localidades por las que transcurre el Camino, generando riqueza tanto para ellas como para toda Galicia.

En resumen, la Xunta reafirma que su red pública de albergues no solo refleja un compromiso institucional con la hospitalidad y el cuidado de las tradiciones del Camino, sino que representa un valor cultural e histórico significativo, parte esencial de la identidad del Camino de Santiago.