El Consello de Contas de Galicia ha realizado un informe que revela importantes deficiencias en los contratos menores tramitados por entidades locales gallegas durante los años 2019 y 2020. Especialmente en el contexto de la emergencia por la pandemia de covid-19, se han detectado incumplimientos en la publicación de contratos, justificación de la emergencia y falta de concurrencia en la selección de empresas participantes.
Este informe, titulado 'Informe de fiscalización das obrigas de remisión de información das entidades locais de Galicia e a avaliación do entorno de control', se envió al Parlamento autonómico una vez aprobado. Se especifica que se analizó la contratación de emergencia realizada para hacer frente a la crisis causada por la covid-19, buscando verificar el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia e igualdad de trato a los licitadores.
Se seleccionó una muestra de 1.186 expedientes con un importe de adjudicación de 3,6 millones de un total de 33.454 contratos menores comunicados en la plataforma de rendición de cuentas por las entidades locales, todos por debajo del umbral establecido. Sin embargo, se han identificado diversas deficiencias, como la falta de publicación en el perfil del contratante, la omisión del precio de adjudicación o la ausencia de identificación del contratista en la mayoría de los casos.
El análisis también señala que solo el 20,51% de los contratos de la covid-19 en entidades locales invitaron a otras empresas a participar, menos del 75% declararon la conformidad de la prestación y en un alto porcentaje no consta la declaración responsable. Es importante destacar que se encontraron expedientes con objetos de contrato que parecen no relacionarse con la situación de emergencia, como la adquisición de mascarillas y equipos de protección por parte de empresas cuya actividad principal es completamente distinta.
Además, se menciona que la contratación menor realizada por las entidades locales de Galicia representa un alto porcentaje del total, siendo los contratos de suministros los más comunes. Algunos ayuntamientos y entidades superaron los límites legales en cuanto al importe de los contratos, destacando casos en 2019 y 2020 en los que se excedieron los umbrales establecidos.
Contas recomienda a las entidades locales que utilicen el contrato menor de manera excepcional y bajo los términos legales correspondientes. Asimismo, insta a las diputaciones provinciales a establecerse como centrales de compras para gestionar eficientemente las necesidades de bienes y servicios de los ayuntamientos de manera transparente y legal, permitiendo a estos últimos ocuparse de contrataciones menores para necesidades puntuales y urgentes.
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