Contas revela irregularidades en contratos de organismos dependientes de la Xunta.

Contas revela irregularidades en contratos de organismos dependientes de la Xunta.

El aumento en el importe destinado a contratos menores ha sido detectado por el Consello de Contas en diferentes entidades dependientes del Gobierno gallego. Según un informe de fiscalización publicado, se han encontrado usos irregulares tanto en procedimientos abiertos como en contratos menores.

En un 23% de las entidades dependientes de la Xunta se ha observado "la utilización irregular de contratos menores como contratos-puente para garantizar la continuidad de un servicio mientras no se resolvía la licitación a través de otros procedimientos". En 2018, el importe ascendió a unos 211.000 euros (2% de la muestra).

El informe también identifica a dos entidades que prolongaron en el tiempo la situación de transitoriedad encadenando sucesivos contratos menores, acumulando un total de 3,5 millones de euros y más de 129.000 euros en cada caso.

Aunque la mayoría de las entidades respetaron el límite cuantitativo para los contratos menores, el Consello de Contas advierte que ha habido un "incumplimiento de límites en 14 contratos", que en total suman unos 455.000 euros. En tres casos, el exceso es solo de un céntimo, pero en 11 casos se superó claramente el límite.

Además, se ha identificado que el 65% de las entidades han superado el límite temporal de un año al prestar continuamente servicios que responden a una necesidad permanente, lo que ha supuesto 51 contratos por unos 870.000 euros.

En el 46% de las entidades también se ha utilizado contratos menores para contratar prestaciones recurrentes cuyo importe acumulado excede el límite permitido para una adjudicación directa. Y finalmente, el 15% de las entidades ha hecho uso de "supuestos de fraccionamiento indebido del objeto del contrato", sumando 62 contratos por más de 850.000 euros en total.

El informe también revela que en 2018, las entidades instrumentales del sector público autonómico adjudicaron 477 contratos mediante procedimiento abierto, por un importe de unos 251 millones de euros, representando el 77% del total de ese año. Sin embargo, el 60% de los expedientes no motivaron la elección de los criterios de adjudicación, incumpliendo así la Ley de Contratos del Sector Público.

En cuanto a los contratos menores, representaron el 95% de los expedientes adjudicados en número, con un total de 23.141, aunque el importe de la adjudicación solo alcanzó el 16% con más de 51 millones de euros. Los demás contratos, que no son menores ni de tipo abierto, se reservaron para diálogos competitivos y emergencias, entre otros.

El informe también señala que en el 46% de los expedientes de procedimiento abierto se incluyeron criterios de adjudicación que podrían ser anulados por ser contrarios a la legalidad o la doctrina de los órganos de recursos contractuales. En el 28% de los casos, la irregularidad estuvo relacionada con la valoración de los medios humanos adscritos al contrato, ya sea porque no se justificó su relación con una mejora significativa en su ejecución o porque se utilizaron criterios de solvencia como criterio de adjudicación.

En el 14% de los expedientes revisados, se encontró que las mejoras evaluables mediante juicios de valor no estaban suficientemente especificadas, lo que contraviene la Ley de Contratos del Sector Público y afecta a los principios de transparencia e igualdad de trato, restándole objetividad al proceso de selección.

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Galicia