En Santiago de Compostela, un asunto de vital importancia ha tomado protagonismo: la violencia económica que sufren miles de mujeres en su día a día. Aunque no deja marcas visibles en el cuerpo, sus consecuencias se manifiestan profundamente en el desarrollo personal y profesional de estas mujeres.

Aún persiste una notable desigualdad económica entre hombres y mujeres, ejemplificada por la brecha salarial; de hecho, se estima que, en Europa, a partir del 17 de noviembre, las mujeres trabajan de manera gratuita. Sin embargo, cuando la desigualdad se acompaña de coacciones o amenazas, se convierte en violencia económica, una de las formas más persistentes de violencia de género, aunque a menudo pasa desapercibida en el discurso público.

Recientes investigaciones, como el informe titulado 'Estudio de la violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja', publicado por el Ministerio de Igualdad en 2023, revelan que esta forma de violencia es la tercera más común en el ámbito de género, afectando a una alarmante cifra de más de 2.3 millones de mujeres en España.

La escasa cantidad de datos sobre este tipo de violencia refleja una preocupante falta de atención. A pesar de que es una de las formas más generales por su naturaleza diversa, sigue siendo poco discutida y, en consecuencia, raramente denunciada. El control de gastos y la toma de decisiones económicas en el hogar, así como el sabotaje laboral y la explotación, son manifestaciones de esta violación de derechos.

La dificultad para reconocer estos abusos como violencia es un reto adicional; muchas víctimas se sienten atrapadas por su dependencia económica y no llegan a presentar denuncia. A esto se suma el hecho de que la violencia económica no está tipificada como delito en la actual legislación sobre violencia de género, lo que dificulta aún más el reconocimiento y la reparación.

A pesar de ciertos avances, como su mención en el Convenio de Estambul y en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, persiste la necesidad de establecer un marco legal más específico y desarrollado, así como una jurisprudencia consistente que atienda esta problemática, tal como señala el magistrado Fernando Lousada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En un contexto en el que las violencias digital y vicaria se discuten más abiertamente, la violencia económica sigue siendo un tema relegado. Lousada subraya que esta modalidad puede ser un medio para ejercitar otras violencias, recordando que muchas mujeres son las custodias de los hijos tras separaciones, lo que amplifica la crueldad de la situación.

El juez también destaca la falta de reconocimiento del trabajo no remunerado que desempeñan muchas mujeres en el hogar, especialmente aquellas dedicadas al cuidado de sus hijos. La dificultad para compensar este trabajo no remunerado a menudo proviene de la falta de un marco claro, sobre todo en separaciones donde no existe matrimonio formal.

Para Lousada, el primer paso es la visibilización de la violencia económica, a la que considera "la gran invisibilizada". La falta de atención y reconocimiento a este tipo de violencia perpetúa su existencia y las consecuencias que de ella derivan.

Además, el magistrado pone el foco en la discriminación económica, una situación que puede no implicar amenazas directas pero que tiene efectos destructivos en la vida de las mujeres. Ejemplos como el acoso sexual en el ámbito laboral pueden contribuir a crear condiciones que releguen a las mujeres a posiciones de menor cualificación y marginalización.

Por otro lado, expone la necesidad de ampliar la mirada sobre la discriminación económica, que va más allá de la simple brecha salarial. La realidad es que la medición actual no considera el trabajo en el hogar, generando un sesgo claro en los resultados. Hay una variación notable en la brecha salarial que afecta desproporcionadamente a las mujeres mayores, lo que indica que las trayectorias laborales son muy diferentes.

A pesar de su optimismo respecto a los cambios venideros, Lousada es consciente de que queda un largo camino por recorrer. Comenta que cambiar la mentalidad occidental es una tarea ardua y que no se puede esperar una transformación radical con la implementación de reformas legislativas que datan de décadas atrás.

El magistrado también apunta a un punto crítico sobre los indicadores económicos: el Producto Interior Bruto (PIB) no contabiliza el trabajo no remunerado, especialmente en sectores que emplean mayoritariamente a mujeres. Este hecho plantea interrogantes sobre el coste real de la desigualdad económica.

A pesar de estos retos, Lousada resalta la importancia de la perseverancia en la lucha contra la desigualdad. La historia muestra avances significativos en los últimos 50 años, desde cuando las mujeres no podían abrir cuentas bancarias sin autorización, hasta la situación actual. Un cambio que, aunque incompleto, demuestra que la lucha puede dar frutos.