SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 de diciembre.

Un grupo de representación sindical ha llevado a cabo una manifestación frente a la sede de la Xunta de Galicia para dar voz a lo que califican como una situación "inadmisible" y "insostenible" que afecta a los trabajadores en los sectores dedicados al cuidado de personas con discapacidad, menores y la educación infantil.

La convocatoria, que reunió a decenas de manifestantes, comenzó alrededor de las 10:30 horas y tuvo lugar en la calle Anxo Casal, en San Caetano. Los miembros de los sindicatos CUT, UGT, CIG, CC.OO., USO y Snep se hicieron escuchar a través de eslóganes como "salarios dignos en nuestra tierra" y "trabajo decente para los tres sectores" mientras bloqueaban el tráfico en la zona.

Tania Alonso, responsable de enseñanza privada y servicios socioeducativos de CC.OO., fue una de las voces más críticas, afirmando que la precariedad laboral de estas trabajadoras es inaceptable y responsabilizando a la Consellería de Política Social e Igualdad de esta situación. Según Alonso, las relaciones con el departamento encargado están “roto”, ya que la conselleira, Fabiola García, no ha respondido a las solicitudes de reunión planteadas por los representantes sindicales.

La sindicalista remarcó: "El ninguneo ya es insoportable, y si no hay diálogo, debemos movilizarnos. Aunque siempre hemos deseado mantener el diálogo, si no hay respuesta, tenemos que actuar de otra forma".

Enrique García, representante de CIG-Ensino para el sector privado, explicó que los servicios de atención a la discapacidad y educación infantil en Galicia son gestionados principalmente por asociaciones sin ánimo de lucro que dependen casi completamente de subvenciones. A pesar de ello, el nivel salarial en estos sectores se asemeja al salario mínimo interprofesional, lo que ha llevado a los trabajadores a demandar "convenios que sean justos y dignos", así como condiciones laborales que reflejen la importancia de su labor.

García también destacó la creciente unidad entre los sindicatos, afirmando que no se trata de un problema que afecta a un solo grupo, sino a un colectivo que exige cambios significativos. Según su análisis, la falta de respuesta a las cartas enviadas el mes pasado a la conselleira es una «irresponsabilidad» que debe ser abordada.

Los representantes de los sindicatos también se manifestaron enérgicamente contra los presupuestos autonómicos para el próximo año, que consideran insuficientes para abordar las necesidades de estos trabajadores. "No hay compromisos visibles para dignificar las condiciones laborales en estos sectores", señaló García.

Además, subrayó que el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene una responsabilidad directa en el mantenimiento de esta crisis, a pesar de sus promesas de mejorar la situación laboral. "No solo nos ignoran, sino que ni siquiera se dignan a recibirnos para discutir" sus necesidades, lamentó el delegado sindical.

El secretario xeral del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, criticó la actitud de la Consellería, sugiriendo que responde a una estrategia deliberada que busca privatizar y desmantelar el sector público.

Germán Estévez, educador social en el Centro de Menores Monteledo de Ourense, expresó su frustración por lo que él define como un "declive constante" en las condiciones laborales. Aseguró que no ha visto avances significativos en los últimos años, con salarios estancados y una situación cada vez más precaria.

"Observamos que otros sectores han logrado mejoras, mientras que nosotros en el ámbito de la protección y reforma de menores nos sentimos olvidados, marginados y en una situación crítica", enfatizó Estévez.

Por su parte, Natalia Seco, delegada de la CIG y trabajadora en una escuela infantil en Santiago, señaló que, después de más de tres años de negociaciones, se firmó un convenio que no trajo mejoras significativas. "Algunas colegas apenas reciben el salario mínimo o incluso menos, lo que resulta inaceptable", explicó.

Seco finalizó señalando que su principal demanda es que "todos los trabajadores, con las mismas exigencias, reciban condiciones laborales equitativas". Subrayó que los profesionales en el sector infantil poseen las mismas calificaciones y competencias que sus homólogos en la Xunta, pero las diferencias salariales pueden alcanzar hasta 400 euros.