La Guardia Civil ha llevado a cabo una significativa operación conocida como Namib, resultando en la detención de cinco individuos y la investigación de otros 18 por su posible participación en actividades ilegales relacionadas con el comercio y la posesión de fauna silvestre. Esta acción ha permitido desmantelar una red internacional que se dedicaba al tráfico de especies protegidas.

Las detenciones se produjeron en varias localidades de la provincia de Cáceres, donde se han identificado a nueve personas involucradas. Además, se registraron arrestos en otras provincias españolas, tales como Málaga, Badajoz, Lugo, Ciudad Real, Almería y la capital, Madrid.

La red operaba tanto a nivel nacional como internacional; algunas de las especies involucradas fueron rastreadas hasta su origen en Portugal. Su actividad incluía el transporte y la posesión ilegal de especies que están incluidas en los Apéndices I y II de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas.

Durante más de un año, los investigadores han contado con el respaldo técnico del personal de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio de Transición Ecológica, que se encarga de la gestión del convenio sobre comercio de especies protegidas.

Las acciones de esta operación se expandieron por diferentes provincias del país, incluyendo Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz, siendo Cáceres el principal foco operativo.

La operación Namib ha sido coordinada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres, poniendo de relieve la importancia de proteger nuestro entorno natural.

Durante los registros realizados en comercios de fauna exótica, almacenes y residencias particulares, se confiscó una treintena de ejemplares de fauna protegida, destacando diversas aves exóticas como guacamayos, loros africanos de cola roja y cotorras del sol.

Además, fueron incautados reptiles, como tortugas africanas y tortugas leopardo, así como especies exóticas invasoras, entre las que se encontraba una suricata, un mamífero originario del sur de África.

Los detenidos podrían enfrentar condenas de seis meses a dos años de prisión por delitos medioambientales, así como multas significativas y la inhabilitación para actividades relacionadas con la tenencia o comercio de animales.

La Guardia Civil señala que la seriedad de estos delitos radica en su impacto negativo no solo sobre la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino también en el deterioro de ecosistemas vulnerables y la inminente extinción de especies de valor ecológico, científico y cultural.