El Gobierno gallego ha informado de que el proceso de desmantelamiento de la central térmica de As Pontes comenzará en unos tres o cuatro meses. Esta noticia ha generado preocupación en la zona, especialmente entre los trabajadores de Einsa Print, una empresa de artes gráficas que recientemente ha despedido a 155 empleados y que había recibido apoyos económicos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

La directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, ha confirmado que Einsa Print recibió dos millones de euros de apoyo del Igape, pero ha aclarado que dicha cantidad ya ha sido devuelta y que no existe ninguna deuda con la Xunta. Además, ha señalado que estas ayudas fueron otorgadas hace mucho tiempo y que las últimas solicitudes de subvenciones por parte de la empresa fueron rechazadas debido a que no cumplían los requisitos necesarios.

Mancha ha explicado que las ayudas a Einsa Print estaban condicionadas al mantenimiento del empleo, pero que ese compromiso ya ha sido cumplido y el plazo ha finalizado. Por lo tanto, considera que la empresa ha cumplido con sus obligaciones en cuanto al dinero público recibido. Sin embargo, el diputado Ramón Fernández Alfonzo del BNG ha acusado a la Xunta de ser "corresponsable por omisión" en el despido de los trabajadores de Einsa Print y ha instado al Gobierno gallego a buscar una solución para paralizar el ERE y encontrar nuevas oportunidades laborales para los empleados.

Fernández Alfonzo también ha criticado la falta de un plan industrial para As Pontes, a pesar de que han pasado cuatro años desde el anuncio del cierre de la térmica. Según él, la Xunta destinará cero euros de presupuesto para este municipio en 2024, lo cual considera inaceptable. Por su parte, Elena Mancha ha afirmado que la legislación no permite la paralización de un ERE a menos que exista mala fe por parte de la empresa, y ha advertido que intentar forzar la situación podría acarrear consecuencias legales para la Xunta.

En cuanto al desmantelamiento de la central de As Pontes, Mancha ha informado que se han mantenido reuniones con Endesa, la compañía encargada de llevar a cabo dicho proceso. Según sus declaraciones, se espera que el desmantelamiento comience en un plazo de tres o cuatro meses. Sin embargo, Mancha ha lamentado que durante ese tiempo los empleados se quedarán sin trabajo y que no se contemplan apoyos adicionales por parte del Estado, a diferencia de lo que ocurre en Portugal, donde los trabajadores reciben becas durante su formación y periodo de desempleo. La directora xeral de Relacións Laborais ha reflexionado sobre la posibilidad de que el desmantelamiento de la térmica genere más empleo que una actividad industrial normal.