La Xunta de Galicia ha formulado declaraciones que sugieren que el trágico accidente ocurrido en el astillero de A Graña, donde perdieron la vida dos operarios, podría haberse evitado mediante una gestión preventiva adecuada. Este evento, que se produjo el 3 de octubre de 2024, es objeto de una investigación sobre sus causas, la cual aún está en proceso.

Ubicado en Ferrol, el astillero A Graña ha acumulado preocupantes estadísticas en términos de seguridad laboral, contabilizando cerca de 80 siniestros en los últimos años. De acuerdo a la información proporcionada por la Xunta, se han documentado un total de 79 accidentes laborales, de los cuales 74 han sido considerados leves, tres graves y los trágicos incidentes que resultaron en las dos muertes.

Desde la transferencia de la gestión del astillero a la empresa Blascar a finales de 2019, se han registrado 37 accidentes, destacando 35 como leves y dos relacionados con el incendio del, hasta ahora, fatal 3 de octubre. Antes de este traspaso, el centro había reportado 42 accidentes, de los cuales 39 fueron leves y tres graves.

El Gobierno gallego ha manifestado que todos los incidentes han sido objeto de investigación por parte del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (Issga) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). En todos los casos con etiquetas graves, se han activado protocolos de colaboración con la Fiscalía para iniciar una investigación in situ por parte de funcionarios especializados.

La Xunta se ha mostrado sumamente afectada por la pérdida de vidas en el accidente y ha expresado que este tipo de tragedias podría haberse prevenido con una mejor gestión de seguridad en el trabajo. Además, han instado a Blascar a que mantenga actualizados todos los protocolos de prevención y emergencias que le correspondan.

En cuanto a las sanciones previas, la empresa Freinaval recibió en su momento multas de hasta 20.000 euros por violaciones de normas laborales, lo que pone de manifiesto una posible preocupación continua sobre la seguridad en el astillero.

El siniestro de octubre representó un momento crítico, ya que ambos trabajadores sufrieron graves quemaduras tras una explosión en la bodega donde estaban laborando. Fueron rápidamente trasladados a centros hospitalarios, aunque finalmente no lograron sobrevivir a las heridas sufridas. Las causas exactas del accidente están actualmente siendo evaluadas.

Un informe que detallará las causas del siniestro está siendo preparado, y se prevé que será fundamental para determinar responsabilidades tanto administrativas como civiles y penales. La colaboración del Gobierno gallego con la Fiscalía y el sistema judicial es parte de su compromiso para aclarar este trágico evento.

Como respuesta a lo ocurrido, la Mesa Naval de Vigo ha establecido una comisión técnica de seguridad que buscará implementar nuevas acciones para mejorar la seguridad en los astilleros. Se enfatiza la necesidad de un documento de coordinación de actividades empresariales para garantizar que se cumplan todas las normativas de prevención a la hora de trabajar con múltiples empresas en el mismo lugar.

Después del accidente, el diputado autonómico del BNG, Ramón Fernández Alfonzo, criticó duramente el incumplimiento de las normas de seguridad en el astillero. Según él, este accidente es un claro ejemplo de lo que él denomina "terrorismo laboral", advirtiendo que la falta de cumplimiento de las normas ha sido un problema de larga data en la industria naval de Ferrol. Ha expresado la esperanza de que se tomen medidas drásticas contra los responsables.