Pedirá que el proceso vuelva a la Audiencia Nacional y que valore los otros "fundamentos" que aducía el gobierno local para la salida de la pastera
PONTEVEDRA, 13 Mar.
La junta de gobierno local de Pontevedra ha aprobado la presentación de un "hecho de nulidad de actuaciones" tras la sentencia del Tribunal Supremo que acreditaba la validadez de la prórroga de la concesión de la factoría de Ence en Lourizán. La representante municipal, Anabel Gulías, aseguró que ese dictamen "crea indefensión" para el Ayuntamiento, explicando que "había mucho más fundamentos" que la reclamación contra la localización de la factoría.
Tras la opinión de esa sentencia --que el gobierno municipal considera "injusta"-- por la parte de los servicios jurídicos del Consistorio, esta va a ser "la primera de las acciones" que impulsará el Concello "por tierra, mar y aire para devolver a la ciudadanía el espacio que le forma parte", ha justificado Gulías emulando las expresiones del propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que estimaba el recurso de casación anunciado por la compañía.
"En el momento en que la Audiencia Nacional cree nuestro recurso, no valora todos las causas que esgrimimos, solo uno", explicó la representante municipal, en referencia al producto 32 de la Ley de Costas, en lo que se refiere a que las instalaciones de Ence "por su naturaleza podían tener otra situación fuera del dominio público marítimo-terrestre".
En este sentido, la reclamación del Concello de Pontevedra supone dirigirse al Tribunal Supremo para "inmovilizar" lo que ha estimado en su dictamen "y regresar nuevamente a la Audiencia Nacional --que había avalado la salida de la pastera de su de hoy localización-- a fin de que se juzguen las causas esgrimidos" en la integridad del recurso anunciado por el Gobierno local.
Así, entre los razonamientos que, según Anabel Gulías, no se tuvieron presente, figura la "vulneración de la legislación ambiental autonómica" en materia del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices de Ordenación do Territorio. Tampoco se habrían valorado las situaciones sobre la concesión de la prórroga por la parte de un Gobierno en funcionalidades, en 2016, sin "garantías acordes con la relevancia de someter la ría a todos esos años como condena".
Además, el Ayuntamiento de Pontevedra demandaba la app de la directiva de servicios de la Unión Europea, mientras sería preciso que la concesión de los terrenos fuera por "concurrencia competitiva, no a dedo", y la "caducidad expresa de la prórroga de 2018".
"No hay un solo fundamento a fin de que Ence se marche de la ría, existen muchos", ha insistido Anabel Gulías, recordando la situación de sequía del pasado verano para negar una sentencia que "no por famosa es menos dolorosa".
