El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Luís Bará, ha hecho un contundente anuncio en relación con la polémica declaración de impacto ambiental otorgada a la compañía Altri para su planta en Palas de Rei, Lugo. Bará ha manifestado que, en caso de que la Xunta no haga público el expediente completo correspondiente, su partido recurrirá a la vía judicial. Según el político, dicho proceso está plagado de irregularidades que levantan sospechas sobre la transparencia del gobierno gallego.

En una rueda de prensa celebrada en Santiago de Compostela, Bará destacó que la declaración ambiental actual se presenta como un “documento de parte” que acepta sin cuestionar todos los informes que ha presentado Altri. Recordó que el ejecutivo gallego afirma tener 36 informes firmados por 42 técnicos, lo que, a su juicio, debería permitir al Bloque acceder a esta información. “La ciudadanía gallega tiene derecho a conocer esos informes que, curiosamente, se mantienen en secreto”, enfatizó.

Ante esta situación, el BNG ha registrado una solicitud formal en el Parlamento gallego para acceder a la documentación relacionada, pero Bará avisó que, de continuar la negativa, procederán a la judicialización del asunto. “Ya es hora de que se respete al Parlamento y no se use como si fuera una propiedad del Partido Popular”, criticó.

El diputado se mostró escéptico respecto a la confianza que parece tener el gobierno en la validez de los informes, señalando que, si realmente estaban en buen estado, no deberían tener problema en publicarlos. Además, cuestionó la legalidad de que muchos de estos estudios hayan sido realizados por colaboradores externos, punto que podría invalidar el procedimiento en su totalidad.

Otro de los aspectos que el BNG pretende esclarecer son los informes que evalúan el impacto en hábitats y especies protegidas, especialmente en la Serra do Careón. Este lugar coincide con las áreas que la multinacional portuguesa desea desarrollar, lo que añade una capa de preocupación al proyecto.

Bará también arremetió contra el “oscurantismo” que rodea la documentación relacionada con el acuerdo entre Impulsa Galicia y Altri, el cual califica de “secreto”. Según indicó, este acuerdo debería ser igualmente hecho público para garantizar la transparencia del proceso.

El diputado recordó que el proyecto de Altri aún no tiene aprobación definitiva y que queda un largo camino administrativo por recorrer. Esto incluye la obtención de la autorización ambiental integrada y el visto bueno del Consello de la Xunta, donde se debe evaluar la adecuación urbanística del proyecto antes de que se pueda iniciar cualquier obra.

Entre las cuestiones pendientes, Bará puso de relieve la concesión que Augas de Galicia otorgará a Altri por un periodo de 75 años en el embalse de Portodemouros, subrayando la necesidad de considerar la jerarquía de usos del agua, donde las actividades extractivas ocupan un lugar inferior al abastecimiento humano.

El tema del agua se vuelve crucial, ya que Altri ha solicitado un suministro diario de 46 millones de litros, lo que podría generar un conflicto con Naturgy en la gestión del embalse. “Tendrán que justificar muy bien la concesión a Altri si piensan dársela durante 75 años”, advirtió Bará.

Respecto a la futura autorización ambiental integrada, el diputado recordó que el representante de Altri ya confirmó su salida en junio, y que este permiso es susceptible de recurso judicial. Concluyó afirmando que es probable que se inicie un proceso judicial en torno al tema, con la perspectiva de que pueda llegar incluso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dada la inminente intención de varias entidades de acudir a la justicia.

Bará es optimista respecto a las posibilidades de éxito en esta judicialización, considerando que el proceso actual está repleto de irregularidades, desde modificaciones legales diseñadas para beneficiar a la empresa hasta la sustitución de personal incómodo por otros más dociles y afines a las decisiones del partido en el poder.

Por último, resaltó que la declaración de impacto ambiental ha sido firmada únicamente por dos funcionarios que son designados políticos, lo que, en su opinión, pone en tela de juicio la solidez del documento y la imparcialidad en su elaboración.