SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. - En una reciente declaración, Montse Prado, portavoz de Sanidad del Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha puesto de manifiesto la alarmante realidad que enfrenta la sanidad pública en Galicia. Según Prado, cada nuevo informe revela una crisis profunda que demanda atención inmediata, haciendo referencia a un estudio presentado por el Consejo Económico y Social (CES) que destaca preocupantes indicadores sobre el sistema sanitario gallego.

La portavoz ha señalado que el informe pone de relieve que Galicia no solo se encuentra por debajo de la media nacional en número de médicos de familia, sino que ha experimentado una drástica pérdida de 232 especialistas entre 2023 y 2024. Esto, según ha indicado, representa la cifra más baja en los últimos quince años. Además, ha criticado la decisión del Partido Popular de cerrar 1.181 camas hospitalarias desde su regreso al gobierno gallego.

Prado subrayó que la región se encuentra entre las que menos invierte en Atención Primaria, afectando gravemente la calidad del servicio. Ha mencionado que esta falta de recursos se traduce en situaciones críticas, como las 360.000 personas que actualmente esperan por atención hospitalaria y las largas demoras que enfrentan los ciudadanos para conseguir citas en los centros de salud, llegando incluso a exceder los 30 días. La falta de atención pediátrica en 200 municipios es otro aspecto inquietante que ha resaltado.

“La situación real de los gallegos y del personal sanitario es muy diferente a la imagen que intenta proyectar el Partido Popular”, enfatizó. La portavoz del BNG ha instado a la administración gallega a cambiar su enfoque y abandonar las medidas superficiales que solo son efectivas a corto plazo.

En este sentido, demandó una reestructuración del presupuesto de atención primaria, sugiriendo que se incremente hasta un 25%. Asimismo, propuso la implementación de un plan de acción inmediato para reducir las listas de espera y garantizar el funcionamiento total de todos los servicios del Sergas, pidiendo a la administración que evite estrategias que no aportan mejoras y que, en cambio, afectan negativamente tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales del personal sanitario.