El BNG lucha por una AP-9 sin peajes aprovechando el expediente de Bruselas.

El viceportavoz segundo del BNG, Luís Bará, ha levantado la voz para exigir la revocación de la concesión considerada "presuntamente ilegal" de la autopista AP-9, y estudiar los costes para que sea asumida directamente por el Estado. Este movimiento se enmarca en una gran "ofensiva" que se llevará a cabo en diferentes instituciones como el Congreso, Parlamento de Galicia, Senado y Parlamento Europeo.

Esta acción cobra importancia luego de que la Comisión Europea haya abierto un segundo expediente a España por la prórroga concesional de la autopista, lo que para Bará representa una "oportunidad de oro".

El diputado nacionalista ha recordado que esta prórroga de la concesión fue aprobada en 2000 por el gobierno de José María Aznar por un periodo de 25 años (de 2023 a 2048), y luego prorrogada por el PSOE por 10 años, desde 2013 a 2023. Bará denuncia la desigualdad que vive Galicia en comparación con otras autopistas rescatadas en España que ahora son gratuitas, señalando un claro "agravio" y "discriminación evidente".

El viceportavoz del BNG destaca que el procedimiento de infracción abierto por Bruselas se debe a que la ampliación de la concesión se hizo sin sacarla a concurso público, y critica la actitud "pasiva cómplice" del Gobierno central y de la Xunta.

En esta línea, Bará acusa a la Xunta de realizar una "justificación" de la prórroga ilegal al atribuir la responsabilidad al PP, y exige que se inicie un proceso para anular la prórroga a 25 años y que la autopista sea transferida a Galicia.

El diputado nacionalista advierte que el Gobierno gallego no puede quedarse al margen de esta situación, por lo que es necesario llevar a cabo un estudio para evaluar las vías jurídicas para anular la concesión y los costes para que el Estado asuma directamente la autopista, estimando un coste aproximado de 1.500 millones de euros para el modelo actual.