El BNG, tras la finalización de la comisión sobre los contratos de la Xunta, califica esta herramienta como “necesaria” y “útil”, dejando abierta la posibilidad de tomar acciones legales ante los hallazgos obtenidos.

En Santiago de Compostela, el 2 de enero, el viceportavoz del Bloque, Luís Bará, ha anunciado que su grupo utilizará la información y los documentos acumulados en la reciente investigación para proponer una serie de medidas en el Parlamento de Galicia. Estas propuestas buscan restringir la contratación menor, limitándola a situaciones de "emergencia" y regulando los "conflictos de intereses" asociados a los procesos de adjudicación.

En la semana anterior, el partido mayoritario, el PP, aprobó unilateralmente el informe de la comisión, enfrentándose al rechazo de toda la oposición, que incluyó al PSdeG y a un diputado de Democracia Ourensana. Este informe concluyó que no se habían cometido ilegalidades en la contratación ni en el modelo de concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Este dictamen, una vez que se inicie el nuevo período de sesiones, será presentado en pleno para su aprobación final junto con las enmiendas que los diferentes grupos han presentado.

A pesar de las conclusiones a favor del PP, el BNG argumenta poseer "mucha información" que fortalecerá su vigilancia sobre el Gobierno gallego, destacando la existencia de numerosas irregularidades y potenciales ilegalidades en la contratación pública. Luís Bará ha enfatizado que el Bloque no descarta la posibilidad de recurrir a los tribunales.

Si bien Bará ha reconocido que los contratos menores son un “mecanismo legal”, ha insistido en que el problema radica en la utilización fraudulenta de este tipo de contratación, citando prácticas como el fraccionamiento y encadenamiento de contratos en múltiples años.

El BNG ha denunciado un "abuso" de esta modalidad, señalando que entre 2018 y 2024 la Xunta gestionó más de un millón de estos contratos, alcanzando una cifra que supera los 4.443 millones de euros. Bará ha afirmado que “son cifras astronómicas que deben ser controladas”.

El partido también ha puesto de relieve adjudicaciones a empresas dirigidas por individuos relacionados con altos funcionarios del Gobierno gallego y del PP, mencionando el caso de Eulen, cuya directora en el Noroeste es Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Además, el BNG sostiene que existen "numerosas irregularidades" en la contratación de emergencia por parte de la Xunta durante la pandemia, acusando de favoritismo en la adjudicación de servicios a ciertas empresas. Bará hizo referencia a Universal Support, que proporcionó servicios de rastreo de COVID-19 y está vinculada al Grupo Konecta, donde un directivo es Ignacio Cárdenas, cuñado de Feijóo.

Frente a esta situación, el Bloque planea presentar varias iniciativas. En términos de transparencia, exigirá que se respete rigurosamente la normativa vigente para que todos los contratos menores, así como los expedientes completos, sean accesibles en el Portal de Transparencia.

Adicionalmente, los nacionalistas demandarán que los grupos parlamentarios tengan acceso “directo y sin vetos” a la documentación de la Administración, planteando que debe haber “responsabilidades” en caso de obstrucción.

Asimismo, el partido pedirá una “drástica reducción” en la utilización de contrataciones menores, limitándolas únicamente a situaciones puntuales o inesperadas, evitando su “fragmentación”.

El BNG también propondrá una “reglamentación clara” sobre conflictos de intereses en casos como el de Eulen, así como la creación de una “oficina antifraude” destinada a combatir la corrupción.

“El siguiente paso es continuar investigando las prácticas ilegales e irregulares que están siendo ejecutadas”, ha reiterado Luís Bará, quien ha señalado que el PP ha establecido un sistema de “drenaje de fondos públicos hacia empresas afines” a lo largo de sus 15 años en el Gobierno gallego.

Cuando fue consultado por los medios sobre si el BNG llevará todo esto ante la justicia, a raíz de lo que el PSdeG sugirió la semana pasada, Bará comentó que se valorará el “curso” que tomará la información recopilada, subrayando que por ahora su enfoque es principalmente “político”.

Bará concluyó afirmando que tanto el Bloque como el Consello de Contas han detectado “ilegalidades” en sus informes sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro y la contratación en la Xunta, aunque el ámbito de actuación de este órgano fiscalizador se encuentra “limitado”, a pesar de la “confusión” que, según él, intenta generar el PP.