La formación política BNG ha llevado su descontento ante el Tribunal Constitucional, al considerar que las restricciones impuestas por el Partido Popular (PP) en la gestión de la comisión de investigación sobre la contratación pública en la Xunta han infringido sus derechos como legisladores.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic.

En una rueda de prensa reciente, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada de otros diputados nacionalistas, anunció la presentación de un recurso de amparo en respuesta a lo que califican de "decisiones autoritarias y antidemocráticas" por parte del PP. Según los miembros del BNG, el manejo de esta comisión ha sido obstaculizado por los intentos del partido en el poder por limitar el acceso a testigos y documentación solicitada por la oposición en el Parlamento gallego.

El BNG, que desempeña un papel crucial en el hemiciclo, forzó la creación de esta comisión, la cual se encuentra en su fase final. Los nacionalistas consideran que las decisiones sobre el plan de trabajo—que define quién comparecerá y qué documentación será requerida—han sido impuestas de manera unilateral por el PP, con el aval de su mayoría absoluta en la Cámara, lo que ellos ven como una clara violación de los derechos fundamentales de los diputados para ejercer su función de control del gobierno.

Según Pontón, el rechazo unilateral por parte del PP a las propuestas del BNG y del PSdeG para enriquecer el plan de trabajo no fue acompañado de justificaciones válidas. La líder del BNG sostiene que esta actitud del PP tiene como único propósito “cercenar” la lista de comparecientes, que incluye nombres relevantes como el del expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y limitar los tiempos establecidos para la comisión, obstruyendo así el acceso a información que consideran crucial.

Desde la perspectiva del BNG, esto representa una "lesión" de los derechos de los parlamentarios y es indicativo de un comportamiento que atenta contra los principios de la democracia. Según Pontón, el PP, que lleva 15 años en el poder con mayoría absoluta, actúa como si las instituciones fueran propiedad privada, lo que a su juicio es una peligrosa tendencia.

En su análisis, Pontón establece un paralelismo con un juicio donde solo una parte pudiera presentar pruebas y testigos, lo que resultaría en la nulidad del proceso. Esta analogía resalta su preocupación por lo que perciben como una falta de transparencia y la manipulación de los procedimientos por parte del PP, sugiriendo que el partido teme lo que podría desvelar esta comisión de investigación, dado que “tiene mucho que ocultar”.

El BNG ha solicitado al Tribunal Constitucional que revoque los progresos de la comisión de investigación hasta el momento en que se definieron quiénes serían convocados y qué documentos se solicitarían, específicamente en relación con contratos de ciertas empresas, como Eulen, y el modelo de construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

A pesar de la determinación expresada por Pontón, quien aseguró que el BNG persistirá en su búsqueda de claridad y justicia, también mostró escepticismo respecto a la rapidez con la que el Tribunal Constitucional abordará su recurso. “Sabemos que no actuarán con la misma diligencia que hemos visto en otros casos en el Estado, pero debemos tener confianza en los mecanismos a nuestra disposición”, concluyó.