Ministerio Público prevé 50 inspecciones en relación se logren reanudar y Tabarés duda de la "transparencia" de la Administración autonómica

OURENSE, 11 Oct.

El BNG ha solicita "explicaciones" a la Xunta una vez que la Fiscalía de Ourense haya recogido, según figura en la memoria de la Fiscalía de Galicia, "excesos" de sujeciones de personas mayores en centros privados que sostienen recitales con la Administración autonómica sin que se hayan visto "rectificaciónes".

En la Memoria de 2022, pertinente a la actividad del Ministerio Público a lo largo del ejercicio 2021, se recogen 2 puntos en especial abordados en la Fiscalía de Ourense --la trata y la situación de las viviendas de mayores--.

En el archivo, la Fiscalía apunta que, en contraste a las viviendas públicas y minirresidencias, en los centros residenciales de titularidad privada o de administración privada, se da "un número exageradamente alto" de sujeciones de personas que, más allá de que se aplican con el protocolo acertado y sean precriptas, se podrían achicar con otro género de actuaciones --como camas articuladas-- como sucede en los centros públicos.

Concretamente, en la Memoria de 2022 se tienen dentro, recogen, especifican y cuentan las seis diligencias de investigación penal a lo largo de 2020 y las tres de 2021, y se especifican las incidencias y peculiaridades de las 36/2020 que se relacionan con la Residencia Nuestra Señora de Fátima-O Barco de Valdeorras, que concluyeron por demanda por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.

En su archivo, se avisan "deficientes inspecciones" en las viviendas y el control de las medidas de contención, sobre esto de lo que apunta que Galicia no tiene una regulación concreta en la materia, con lo que se tomó como referencia una normativa navarra y una regulación general.

Desde marzo de 2020, no se hicieron visitas de inspección por la parte de los fiscales adscritos a protección de mayores por el covid-19. Sin embargo, sí se sostuvo un contacto directo y incesante con los centros residenciales de la provincia de Ourense, sobre esto de lo que el informe recopila que "no se observaron deficiencias interesantes" en la atención y el precaución a la gente mayores habitantes ni a la gente con trastornos mentales graves o déficit intelectual.

En las viviendas de titularidad pública y en las minirresidencias existe "una baja incidencia de medidas de unión en la gente mayores", gracias a la utilización de elecciones (camas articuladas, sillones particulares, mayor ratio de personal especializado, mayor actividad lúdica, etcétera) y "en el ínfimo número de sujeciones que aplican solo usan unión de cintura en sillas y baldas en camas".

Frente a esta situación ubican "en el radical contrario" los centros residenciales de titularidad privada o de administración privada en enormes centros, como la Fundación San Rosendo y Domus Vi ("con puntuales salvedades motivadas por la experiencia y especialización de la persona encargada de la dirección del centro residencial") con un número "exageradamente alto" de sujeciones físicas "por no apreciar ni usar otras elecciones".

Al respecto, Fiscalía añade que "se cumplen todos y cada uno de los protocolos de actuación para la adopción de medidas de unión", pero informa de que "visto que se tramiten protocolos correctos no quiere decir que el número de sujeciones cambie, ya que lo que está claro es que el inconveniente reside en que podrían ser evitadas cumpliendo una secuencia de factores, si bien medicamente estén bien precriptas".

Además, Fiscalía apunta que "se ha visto que, más que nada en enormes viviendas dependientes de la Fundación San Rosendo y Domus Vi, no se cumple de manera rigurosa la ratio mínima de personal". "Este suceso ahora se ha comunicado múltiples ocasiones a la Administración autonómica, con la que sostienen recitales, pero no hemos visto rectificaciónes", añade, si bien añade que a causa de la pandemia se han reforzado los sistemas de inspección.

La Fiscala Jefa hizo una redistribución de esta tarea, de forma que los fiscales encargados de la Sección Civil efectuarán la inspección de las 50 viviendas del ámbito del partido judicial de Ourense y todos los fiscales de los diferentes partidos judiciales de la provincia la inspección de las viviendas de cada partido judicial.

En cuanto se logren reanudar las inspecciones, se empezará con este sistema, que "garantiza un mayor control del protocolo aplicable a las medidas de contención física y química".

Para el diputado por Ourense y firmante de la idea del BNG, Iago Tabarés, lo recogido en el informe elaborado por la Fiscalía deja "dudar de la transferencia en la administración" de la Xunta, de su "tolerancia en frente de los incumplimientos establecidos o de la mala administración de los elementos públicos en ciertos centros de mayores".

Para Tabarés, del informe asimismo se desprende que "cabe la oportunidad de que la Xunta no le comunicase a la Fiscalía hechos" que, advierte, piensan "de extrema gravedad". En la idea, recuerdan que la Fiscalía apunta "incumplimiento" en lo que se refiere a las ratios de personal y que la Xunta "no respondió dadas estas graves manifestaciones".

El BNG destaca que es "fundamental" la atención y los cuidados a la gente mayores, la transparencia y la persecución de las irregularidades, tal como el "rigor y la eficacia" en la administración de los elementos públicos.

Por ello, pide a la Xunta que informe al Parlamento sobre las comunicaciones remitidas a la Fiscalía, sobre la sepa de contestación a las comunicaciones efectuadas por el Ministerio Público, tal como por los métodos y, en su caso, sanciones que se hayan impuesto por casuales incumplimientos en la atención en centros de mayores residenciales de la provincia de Ourense. Tabarés ha remarcado que "lo que está en juego no es un negocio", sino más bien la "atención y los cuidados de los mayores".