• domingo 25 de septiembre del 2022
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El Consultivo asegura que Galicia ahora tiene "facultades sobre la administración" del litoral sin la necesidad de reformar el Estatuto

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   La Xunta aprueba sus alegaciones al plan de protección de la costa del Gobierno un día antes de la finalización del período para remitirlas

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul.

   El Consello Consultivo ratifica que la Comunidad Autónoma de Galicia ahora tiene "todas y cada una de las facultades o funcionalidades" de ordenación del litoral, dentro aquellas sobre "la administración de los títulos de empleo y ocupación" del dominio público marítimo-terrestre, pues de esta forma lo establece nuestro Estatuto de Autonomía en su producto 27.3 y lo apoyan múltiples sentencias del Tribunal Constitucional.

   Por tanto, según concluye el Consultivo en un informe pedido por nuestro presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "no resulta preciso cambiar dicho Estatuto" para asumir las competencias en este ámbito, así como demandaba el Gobierno estatal para la transferencia de esta rivalidad, una solicitud que no solo sostiene el Ejecutivo autonómico, sino más bien asimismo la concordancia del Parlamento gallego --PP, BNG y PSdeG--.

   Y es mucho más, el escrito, de 43 páginas, asegura con contundencia que el Estado ejercita "transitoriamente funcionalidades que no le corresponden" respecto a la costa, con lo que "por lealtad constitucional" debe revertir esta "situación anormal".

   En preciso, hablamos de un archivo aprobado por la Sección de Estudios y también Informes del Consello Consultivo de Galicia con fecha de este miércoles, 20 de julio, que fué evaluado este jueves por el Gobierno de la Xunta y al que tuvo ingreso Europa Press.

   La solicitud que elevaba nuestro presidente gallego a este órgano pasaba por si acaso era viable comprender, sin precisar mudar el Estatuto de Autonomía, que la rivalidad de ordenación del litoral que asigna a la Administración autonómica asimismo entiende la administración de los títulos de ocupación y empleo del dominio público marítimo-terrestre.

   El informe no entra a debatir la titularidad estatal de esta franja del litoral, así como establece el producto 132 de la Constitución y confirmó el Tribunal Constitucional (TC) en 1991 una vez que múltiples comunidades --entre ellas, Galicia-- presentaran un recurso contra la Ley de Costas de 1988. Pero el fallo del prominente tribunal sí matizó que la propiedad pública de un bien --en un caso así, el litoral-- no "predetermina las competencias" que sobre exactamente el mismo tienen atribuidas el Estado y las autonomías.

   El Consultivo ten en cuenta que, según el TC, es "legítimo" que la Administración General del Estado tuviera las facultades ejecutivas sobre este espacio, pero asimismo es "una alternativa viable que la administración correspondiese a las Comunidades Autónomas al amparo de sus competencias sectoriales", las que la Ley de Costas no puede cambiar.

   Mucho más últimamente, en 2010, este tribunal veía de conformidad con la Constitución un producto del Estatuto Autonomía de Cataluña de 2006 que reservaba la administración del dominio público marítimo-terrestre a la Generalitat, incluyendo las concesiones, si bien el Estado prosiguiese siendo su titular.

   Así, en el caso específico de Galicia, el Consello Consultivo concluye que el producto 27.3 de su Estatuto de Autonomía tiene relación a la "ordenación del territorio y del litoral", lo que "entiende todas y cada una de las facultades o funcionalidades que naturalmente son desarrollables con relación a tal material, incluyendo las facultades sobre la administración de los títulos de empleo de ocupación", tal como "de las autorizaciones y concesiones previstas".

   En esta línea, el órgano consultivo gallego reitera que que estas facultades "no forman parte" de las que tiene el Estado como titular, sino ahora forman parte a la Comunidad gallega en razón de la original y de hoy redacción del Estatuto de Autonomía.

   Asimismo, el Consultivo cree que, a fin de que las funcionalidades de administración del litotal "logren ser ciertamente ejercidas" por la Xunta, "resulta preciso el traspaso de medios y servicios" por la parte del Estado por medio de alguna "regla de rango legal y/o reglamentario".

   Este informe fué evaluado este jueves por el Gobierno gallego en su asamblea semanal, tras la que Alfonso Rueda ha comparecido para resaltar que respalda algo que Galicia "transporta tiempo demandando" para "poder ejercer competencias" que tiene "en el ámbito urbanístico, portuario o de control de vertidos".

   El archivo "reafirma las proposición de la Asesoría Jurídica de la Xunta" de que no es precisa una reforma del Estatuto de Autonomía, ha festejado el presidente.

   En esta línea, el Consello asimismo dió luz verde a las alegaciones de las consellerías de Mar y de Medio Ambiente, Territorio y también Vivenda presentadas al boceto del 'Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa en frente de los efectos del cambio climático', elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

   Según explicó Rueda, las alegaciones gallegas critican el plan por "uniformizador", por el hecho de que quiere "agrandar" las competencias del Estado en menoscabo de las autonomías y por el hecho de que desea "eliminar la presencia humana en el litoral" para 2045. De hecho, según sus cantidades, "pone bajo riesgo en torno a 4.000 edificaciones", entre ellas mucho más de 200 instalaciones empresariales.

   Las reclamaciones de la Xunta se aúnan a las de veinta municipios ribereños y de compañías del campo mar-industria. Asimismo, Rueda se ha quejado de que este boceto fué elaborado "sin contar" con la opinión de las comunidades autónomas. El período de presentación de alegaciones concluye este viernes, 22 de julio.

   El Gobierno gallego ten en cuenta que la Ley de Costas, tras su modificación en 2013, "ahora regula" cuándo se tienen la posibilidad de remover las concesiones del litoral por el cambio climático. En este contexto, la Xunta se protesta de que el plan es "completamente subjetivo", en tanto que la identificación como una "amenaza" y un "inconveniente crítico" en Galicia de que existan ocupaciones en la costa está fundamentada en la opinión "de 2 gobernantes estatales".

   "Se puede destacar que el análisis de la costa gallega se realizó sobre la base de preguntar a seis profesionales del Ministerio (uno de Pontevedra, 2 de A Coruña y tres de Lugo) si consideraban que la presión de las ocupaciones sobre la costa era un inconveniente. De esas seis personas consultadas, solo 2 consideraron que era un inconveniente grave", esgrime.

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