Solicita que se queden en depósito de la Administración tras un recurso de los Franco pidiendo su retirada

A CORUÑA/ MADRID, 21 Sep.

El Estado ha anunciado una demanda contra la familia Franco donde demanda la propiedad de 564 recursos del Pazo de Meirás, conforme han afirmado fuentes gubernativos consultadas por Europa Press.

Lo hace una vez que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña sacar todos y cada uno de los recursos depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su instante.

En preciso, la Abogacía del Estado ha anunciado frente a los juzgados de Madrid una demanda contra los herederos de Franco demandando la propiedad del Estado sobre gran parte de los recursos muebles que están en el pazo.

Se trata, han precisado las fuentes consultadas, de un total de 564 recursos muebles o documentos y legajos que tienen la posibilidad de agruparse en tres categorías: recursos de Patrimonio Nacional; recursos del Patrimonio Documental Español y recursos que son de dominio público por su afectación al empleo del Pazo de Meirás como vivienda oficial del jefe del Estado.

"Y que, además de esto, forman una parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y asimismo artístico, relacionado, por un lado, a la figura de la autora Emilia Pardo Bazán, y por otra, a la actividad oficial creada a lo largo de la dictadura franquista".

Los recursos que se demandan en este momento no fueron de manera expresa incluidos en la demanda sobre la propiedad del Pazo de Meirás "pues la negativa de los herederos de Franco a aceptar la entrada --en el inmueble-- aun a los profesionales de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, impedía entender qué recursos estaban en el pazo, tal como sus orígenes, especificaciones y condiciones, elementos fundamentales para lograr justificar la propiedad del Estado".

En este sentido, señalan que la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña "permitió saber los recursos, inventariarlos y justificar técnicamente su pertenencia al patrimonio público".

La demanda incluye una solicitud de medida cautelar a fin de que se acuerde la permanencia de los recursos en el Pazo de Meirás, y en depósito de la Administración, hasta el momento en que se resuelva "a quién corresponde la propiedad", frente al recurso de los Franco tras una primera victoria del Estado -- dueño de manera provisional-- en este sentido.

"Medida cautelar que se considera fundamental para asegurar la conservación y protección de todos estos recursos, tal como la integridad de los intereses históricos y artísticos vinculados a estos recursos por el sitio donde están", indican las fuentes consultadas.

La demanda se ha anunciado en los juzgados de Madrid por el hecho de que, al tener por objeto la reclamación de recursos muebles, la ley asigna la rivalidad a los juzgados del residencia de los demandados.

El Estado ha adoptado esta medida una vez que la familia Franco recurriese el coche del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que estimó, prácticamente en su integridad, la cuestión incidental del Estado, con respaldo de Xunta y los municipios de Sada y A Coruña.

En él, se dictaminó que 132 recursos de los 697 catalogados en su instante debían mantenerse en Meirás por ser "indivisibles" del mismo. En esa cuestión incidental, se abordó la situación de estos recursos y no de la integridad de los catalogados, si bien verdaderamente la disputa entre el Estado y los Franco se encontraba, en esa vista, cerca de cincuenta, como piezas de la capilla o conjuntos escultóricos del jardín. El juzgado solo dio la razón a la familia del dictador en unas alfombras pasilleras.

Desde el Ayuntamiento de Sada, que había pedido al Estado en reiteradas oportunidades la presentación de la demanda de titularidad de los recursos muebles del Pazo de Meirás, se ha acogido con satisfacción la novedad y se ha adelantado a Europa Press que el consistorio se personará a la demanda como "coadyuvante adhesiva" en acompañamiento a exactamente la misma.

"Al fin el Estado atendió las reiteradas peticiones del municipio, de las entidades memorialistas y de la sociedad generalmente". "En este momento toca que la Xunta mueva asimismo ficha y también incoee el expediente de modificación de Bien de Interés Cultural(BIC)", ha apuntado su regidor, Benito Portela.