8 de noviembre, A Coruña. En una decisión significativa para la historia reciente de España, el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha dado la razón a la Administración General del Estado en su lucha por recuperar los bienes del Pazo de Meirás, en una demanda que ha sido respaldada tanto por la Xunta de Galicia como por el Ayuntamiento de Sada. Esta resolución se produce en el contexto de la disputa legal que enfrenta al Estado con los descendientes de Francisco Franco, quienes han reclamado la propiedad de los bienes que se encuentran en este histórico inmueble.

El fallo judicial, que se extiende a lo largo de 90 páginas, deja en claro que no se ha demostrado en ningún momento que el Estado haya realizado una declaración que reconozca la propiedad de los bienes reclamados a favor de los demandados. Según los magistrados, "la posición que se mantuvo por el Estado en la ejecución provisional" en otro proceso judicial no indica ningún reconocimiento de propiedad respecto a los objetos en cuestión.

A lo largo de su razonamiento, la sentencia sostiene que es necesario estimar la demanda, permitiendo así que se realicen las declaraciones de dominio afirmadas por la Administración General del Estado. Este pronunciamiento ya ha sido objeto de análisis y discusión en los medios, destacando la firmeza de la Justicia en la defensa del patrimonio nacional.

No es la primera vez que el Juzgado de Primera Instancia de Madrid se pronuncia sobre la materia. Anteriormente, ya había decidido que los bienes en disputa, que siguen bajo custodia del Pazo de Meirás, deben permanecer en depósito hasta que se resuelva definitivamente este litigio. La medida cautelar solicitada por la Administración y el Consejo de Patrimonio Nacional fue admitida, asegurando que ítems de valor histórico, como aquellos que pertenecieron a la reconocida escritora Emilia Pardo Bazán, queden bajo la protección del Estado.

En total, el Estado ha demandado a la familia Franco por la propiedad de 564 bienes del Pazo de Meirás. Esto ha ocurrido tras una solicitud de los Franco para que se retiraran los bienes no reclamados por el Estado, lo que ha llevado a una serie de acciones legales entre ambas partes. Las reclamaciones del Estado están enfocadas en una amplia gama de objetos y documentos que se pueden clasificar en tres grandes categorías: aquellos pertenecientes a Patrimonio Nacional, bienes del Patrimonio Documental Español y bienes de dominio público correspondientes al uso del pazo como residencia oficial del jefe del Estado.

El Gobierno también ha argumentado que estos bienes no solo tienen valor material, sino que forman parte del patrimonio histórico y artístico de España. Destacan especialmente su conexión con la figura de Emilia Pardo Bazán, así como el contexto histórico en el que se desarrolló la actividad oficial durante la dictadura franquista.

El Ayuntamiento de Sada ha reaccionado con satisfacción al ver que la resolución judicial valida sus esfuerzos por mantener el carácter público del Pazo. Desde esta institución, han reiterado que "el Pazo es un bien público y todo lo que guarda es patrimonio de la ciudadanía, no de los herederos del dictador", reafirmando así su compromiso con la defensa del patrimonio común frente a reclamaciones de carácter privado.