La acusación afirma que "no había otra persona que reuniera todos y cada uno de los rastros para ser el creador" y la defensa cuestiona si "se estaban intentando encontrar al creador del delito o pruebas contra M.J.V.C"

LUGO, diez Feb.

El fiscal del doble delito del Cash Record de O Ceao, ocurrido el 30 de abril de 1994, mantuvo este viernes, en el momento en que las partes dieron a entender sus conclusiones, su posición inicial y no ha ejercido la acusación contra el único procesado, M.J.V.C., "por el hecho de que no hay rastros suficientes para eliminar la presunción de inocencia".

En esta quinta y última día del juicio en la Audiencia Provincial de Lugo, tanto la defensa como la acusación especial y la Fiscalía han alto sus conclusiones temporales a terminantes, que se mantuvieron como en un primer instante.

Así, el fiscal indicó que en la situacion del Cash Record "es imposible acreditar cuantas personas eran" y puso en duda la vinculación con el atraco al Cash Miño -- un par de años antes --, en tanto que en un caso así "no se piensa utilizar las armas, al tiempo que en Cash Record semeja un hecho preconcebido".

El fiscal asimismo mencionó de la presunta vinculación de M.J.V.C con el atraco al Cash Miño y al delito de Toirán, al que apuntaron este jueves un inspectores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, y dijo que esto se le atribuyó al desarrollo "para sumar mucho más rastros de los que verdaderamente hay en la situacion del Cash Record".

Entre otras cosas, asimismo se ha referido al supuesto ofrecimiento del atraco a un toxicómano -- fallecido -- por la parte del acusado, en tanto que "es el rastro más esencial, el que logró que se dirigiera todo contra el acusado". Así, indicó que "posiblemente se le logre ofrecer probabilidad", pero que "no fue sometido a contradicciones".

Además, si bien ha alabado el trabajo realizado por los gobernantes policiales, indicó que "en algún caso las indagaciones fueron en pos de rastros contra el acusado y no en pos de la realidad".

El fiscal ha concluido señalando que su posición "va a poder ser o no entendida", pero que ha realizado su ejercicio "con toda la integridad de la que fué capaz".

La letrada de las familias de los muertos, Carmen Balfagón, ha destacado en sus conclusiones que "no había otra persona que reuniera todos y cada uno de los rastros para ser el creador material de estas muertes". Así, indicó que estos rastros "son sólidos" y los han aportado "quienes hicieron las indagaciones", en referencia a los reportes de la Udev, la Policía Nacional y la Policía Local.

De este modo, la acusación se ha apoyado en el término jurídico de prueba incitaria, que acredita que un grupo de rastros sólidos sea tomado presente por el tribunal tal y como si fuera una prueba en verdad. La acusación ha pedido una sentencia condenatoria por 2 delitos de asesinato, hurto fuertemente y tenencia ilegal de armas.

Balfagón ha señalado, entre otros muchos rastros, que M.J.V.C era "un cliente frecuente" y ha insistido que en "quedó acreditado que había un patrón en los documentos de compra del Cash Record". También se ha remitido a la declaración de un viejo inspector de la Policía Local -- este jueves en la Audiencia -- que mencionó que "en 38 años no sabía de sobra hosteleros que tuvieran armas".

Además, ha puntualizado que la declaración del toxicómano fallecido que señaló en su instante que el acusado le había brindado el delito "se ha empleado como se ha amado" y ha recordado que "la toxicomanía no impide a absolutamente nadie testificar".

Asimismo, ha apuntado que el procesado "en todas y cada una de las afirmaciones ha mentido" -- poniendo como un ejemplo que conducía y tenía armas, algo probado y que el procesado negó -- y ha señalado que "esto para esta acusación es un rastro mucho más".

Por su parte, la letrada del acusado ha pedido una sentencia absolutoria y ha cuestionado, en múltiples ocasiones durante la lectura de sus conclusiones, si "se estaban intentando encontrar al creador del delito o pruebas contra M.J.V.C".

De este modo, ha insistido en que los rastros "deben ser plurales y estar probados" y "no basados en conjeturas y comentarios". Así, se ha remitido a las "pruebas objetivas" para proteger al procesado.

Entre otros temas, se ha referido a las contradicciones en los testimonios del toxicómano fallecido y al reconocimiento fotográfico que ha calificado de "errático".

Era la noche del 30 de abril de 1994 en el momento en que Isabel, preocupada por la tardanza en regresar a casa de su hermana Elena, se desplazó hasta el Cash Record del Polígono de O Ceao de Lugo para conocer que ella como Esteban, un reponedor, los únicos trabajadores del lugar en el momento del cierre, habían sido asesinados a balazos en el lapso de un hurto.

Así daba comienzo entre los casos mucho más complejos del sistema judicial español y una salvedad: la Audiencia de Lugo ha abierto este lunes juicio oral contra el único acusado de este delito, una vista que se apoya en el sumario judicial en abierto y en trámite mucho más viejo del país.

La investigación inicial, poco ha podido saber del creador o autores del delito en su instante, a menos que el ataque se causó en el instante del cierre del lugar y que las víctimas abrieron la puerta a un individuo que no parecía sospechar una amenaza para ellos, con lo que sus familias siempre y en todo momento pensaron que era alguien popular.

Para el procesado, las familias de las víctimas, que ejercitan la acusación especial, solicitan 28 años de prisión por los 2 asesinatos y por un delito de hurto con crueldad, ya que se llevaron asimismo un botín de unos cinco millones de pesetas (30.000 euros). La Fiscalía, no obstante, no ha anunciado cargos contra el procesado, ya que no ve pruebas de cargo contra él.