La Xunta solicita "transparencia" y los conjuntos parlamentarios gallegos demandan la transferencia de la autopista "libre de peajes"

VIGO, 14 Feb.

El Gobierno ha advertido de que "a fecha de hoy" no hay ningún pronunciamiento de la Comisión Europea que declare contraria a derecho la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 y que, por consiguiente, "tanto la Administración como la sociedad concesionaria está legalmente obligados al cumplimiento del contrato concesional".

Así lo ha movido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Mitma, en contestación a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego sobre la subida de los peajes y sobre la finalización adelantada de la prórroga de la concesión (aprobada en el año 2000 a fin de que dure hasta 2048).

El diputado nacionalista registró a inicios de año una batería de cuestiones similares con el aumento de los peajes (una subida sosprechada en un inicio del 9,4 %, pero que se limitará al 4 % para los individuos, siendo el resto asumido por la Administración central) y con las medidas que debía tomar el Ministerio para terminar a la concesión "cuya prórroga fue afirma ilegal por la UE".

Al respecto, el Gobierno ha matizado que "a fecha de hoy, no hay ninguna declaración de la Unión Europea que haya proclamado no en relación a derecho cualquier modificación concesional que afecte a la autopista AP-9", que explota Audasa.

Asimismo, añade el Mitma, "la construcción y explotación de esta autopista es una concesión administrativa, y tanto la Administración como la sociedad concesionaria están legalmente obligados al cumplimiento del contrato concesional".

La Comisión Europea abrió un expediente a España por estimar que la última ampliación de la concesión, aprobada en el año 2000, no se ajustó a la normativa europea, en tanto que debía haberse convocado una licitación pública; y requirió al Gobierno español a fin de que mandase sus alegaciones.

De hecho, en una contestación previo (de julio del año pasado), asimismo a Néstor Rego, el Ministerio señalaba que ese trámite de infracción aún no había concluido y que el Gobierno no tenía previstas "actuaciones que logren perjudicar a la relación contractual de la concesión" mientras que no hubiese un pronunciamiento de la Comisión Europea.

Fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press se han reafirmado en esa contestación de hace meses, que considera "complementaria" con la última contestación al BNG. Así, estas fuentes han reiterado que el Ministerio no prevé tomar resoluciones sobre esto de la prórroga de la concesión mientras que no haya pronunciamiento de la UE y que, en el momento en que lo haya, se adoptarán las medidas en función de lo que declare la Comisión.

Rego volvió a reclamar que se desbloquee la transferencia de la autopista a Galicia, y que el gobierno salve la concesión a fin de que la AP-9 sea "gallega y libre de peajes". Asimismo, ha incidido en que la UE considera "ilegales" las prórrogas de la concesión de diez y 25 años, con lo que se están pagando peajes "ilegalmente" desde 2013.

El representante parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha eludido pronunciarse sobre la contestación específica del Gobierno al no saber en aspecto la cuestión, pero sí se remitió a sus expresiones para rememorar las críticas que se vertían contra su partido en el momento en que regía en el Estado sobre esto de las adversidades para conseguir al traspaso de la AP-9.

Así, se "autocitó" para señalar que los traspasos de titularidad de esta clase, a veces, van alén de la "intención" de un ministerio preciso, y colisionan con "otro género de cuestiones" legales y las propias "inercias administrativas".

Dicho esto, ha recordado que hablamos de una iniciativa "unánime" de la Cámara y ha lamentado que "no se avanza" en el traspaso de esta vía, en un contexto en que las vías de este género se están liberalizando y realizando peajes gratis.

Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, puso el acento en que la AP-9 es una "concesión de incierta legalidad", como "pusieron en cuestión" las instituciones de europa, que requirieron información al Gobierno central sobre esta vía.

En todo caso, la miembro del congreso de los diputados nacionalista ha solicitado que "se cumpla con la transferencia" a Galicia de esta vía de vertebración del país, que "prosigue sin tramitarse" y ha reiterado que "aparte de gallega, debe ser pública y libre de pajes". En este sentido, dijo que los gallegos "deben agradecer al PP, toda vez que pasan por la cabina" que se prolongase la concesión hasta 2048, para "lucro" de una compañía que es un fondo de inversiones.

La viceportavoz socialista en la Cámara, Begoña Rodríguez Rumbo, se ha con limite a ratificar la posición del PSdeG, que está en pos de la transferencia de la autopista AP-9, ahora con el Gobierno de Rajoy y con los consecutivos. "Nuestro posicionamiento va a continuar siendo exactamente el mismo", ha sentenciado.

Por su parte, la conselleira de Infraestructuras y también Mobilidade, Ethel Vázquez, ha pedido este martes "transparencia" al Gobierno de España para comprender cuáles tienen la posibilidad de ser las causas para una eventual resolución de no salvar la AP-9 y proseguir la concesión con Audasa.

"La verdad es que no disponemos información sobre esto por la parte del gobierno de España", ha lamentado la titular de infraestructuras, que ha movido que sí hay "información oficial de organismos oficiales" como es el Consello Consultivo de Galicia, que "vino a acreditar el accionar abusivo de la concesionaria Audasa" con relación a la AP-9 y los aumentos tarifarios.

"Tanto el Consello Consultivo de Galicia como asimismo la Comisión Galega de Competencia ven acreditado ese accionar abusivo y basado en esos reportes solicitamos al gobierno de España que actúe", mantuvo Vázquez Mourelle.

No obstante, en este sentido ha lamentado que "el Gobierno de España, por supuesto, trata con mucho más sensibilidad a Audasa que a las pretensiones de los gallegos" y ha pedido "transparencia", insistiendo en que desconocen fundamentos por los que el Ejecutivo Central logre proseguir con la concesión hasta 2048.