En un movimiento que busca apaciguar las tensiones con la Unión Europea, el Gobierno de España ha decidido priorizar la modificación del reglamento que regula las costas, con la intención de completar la reforma antes del inicio del verano.

Esta iniciativa ha sido comunicada a través de un comunicado emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que se detalla que el propósito fundamental es asegurar que las concesiones para la utilización del dominio público marítimo-terrestre se otorguen únicamente mediante un proceso de concurso público y se elimine la práctica de las prórrogas automáticas.

Es importante señalar que en abril de 2021, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción en contra de España, argumentando que la legislación vigente permitía la concesión de ocupaciones del dominio público sin la debida competencia, un rechazo a las normativas comunitarias que requiere atención inmediata.

A pesar de las respuestas del Gobierno español intentando justificar el alineamiento de las leyes de costas con las normativas europeas, en febrero de 2023 la Comisión sentenció que estas explicaciones eran insatisfactorias, lo que llevó a la apertura de un procedimiento de infracción formal.

En este contexto, tras diversas reuniones y negociaciones entre el Ministerio y representantes de la Comisión Europea, el Ejecutivo se ha comprometido a realizar las modificaciones necesarias en el Reglamento General de Costas, asegurando que de ahora en adelante se requerirá un concurso previo para aprobar las concesiones, de manera de evitar inconvenientes legales con la normativa comunitaria.

La Comisión ha manifestado su disposición a no llevar a cabo acciones más severas contra España, siempre y cuando las reformas se introduzcan antes del verano y no sean posteriormente revocadas por el Tribunal Supremo.

El proceso de modificación del Reglamento General de Costas ha comenzado con una consulta pública, abierta del 4 al 19 de febrero de 2026, en la que la ciudadanía puede aportar sus opiniones sobre los objetivos de la nueva norma, sin presentar un texto propuesto. Este trámite es esencial, ya que una modificación anterior fue anulada por el Tribunal Supremo por ignorar este paso administrativo.

Las autoridades gallegas, particularmente las Consellerías de Medio Ambiente y Cambio Climático, así como la de Mar, ya han expresado sus observaciones sobre la reforma. Ambas conselleiras, Ángeles Vázquez y Marta Villaverde, se han reunido con los sectores implicados para informarles sobre el estado de la situación y han denunciado la falta de consideración y respeto institucional del Gobierno hacia las comunidades autónomas y los sectores económicos y sociales afectados.