El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha pronunciado en contra de la anulación de la ampliación irregular de la concesión de la AP-9, argumentando que el rescate tendría un alto coste para las arcas públicas y es necesario velar por el interés general.

VIGO, 23 Ago.

En respuesta a la segunda carta de emplazamiento de la Comisión Europea, el departamento dirigido por Óscar Puente ha defendido la decisión tomada por un gobierno del PP hace más de 20 años, afirmando que en ese momento la concesionaria era una empresa pública.

El Ministerio ha presentado toda la información necesaria para respaldar su postura y evitar el rescate de la autopista, cifrado en alrededor de 4.000 millones de euros, más otros 2.000 millones si se transfiriese a Galicia.

El Gobierno ha destacado que aunque sus políticas difieren de las adoptadas por el gobierno de Aznar, es su responsabilidad actuar en beneficio del interés general, aún cuando eso signifique mantener la concesión en manos de un operador privado (Audasa).

Se ha señalado que al momento de la modificación y prórroga de la concesión, la sociedad concesionaria pertenecía al Estado a través de ENAUSA.

La Comisión Europea previamente rechazó la justificación de la operación interna en el ámbito público, indicando que la intención era privatizar la autopista y aumentar su valor a través de la ampliación de la concesión.

El Gobierno ha defendido su actuación en relación con las bonificaciones aplicadas para reducir el impacto de los peajes en los usuarios, lo que ha permitido a los usuarios ahorrar una cantidad significativa en tarifas.

A pesar de estas medidas, la asociación de consumidores En-Colectivo sigue abogando por el rescate de la autopista, argumentando que sería menos costoso indemnizar a Audasa que mantener la concesión hasta el 2048.

Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, ha criticado al Gobierno por no cumplir su compromiso con el BNG en el acuerdo de investidura, acusándolo de priorizar a Cataluña sobre Galicia.