En Pontevedra, la conselleira de Vivenda, María Martínez, ha desafiado al Gobierno central a abordar las deficiencias de la normativa estatal en cuanto a obras ilegales en la costa, tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la limitación de Galicia a 15 años para actuar contra estas construcciones.

En declaraciones a los medios durante un evento en Pontevedra, Martínez ha instado al Gobierno a "regular la prescripción de la caducidad de la acción", argumentando que el fallo del Tribunal Constitucional revela "la falta de competencia de una comunidad para abordar esa laguna existente en la normativa estatal".

"Una edificación con orden de demolición que no se lleva a cabo en 15 años pasaría a estar en situación de fuera de ordenación, mientras que una construcción que ha estado en pie durante 40 años nunca estaría en esa situación", ejemplificó la conselleira, subrayando que la normativa autonómica busca brindar "seguridad jurídica a esas edificaciones que llevan décadas en la servidumbre costera".

En cuanto a la normativa estatal, Martínez enfatizó que "no establece un plazo de caducidad de la acción para que la administración pueda iniciar un expediente de reposición de la legalidad, como sí ocurre en zonas de protección especial como las paisajísticas".

En este sentido, la conselleira expresó que ahora la Xunta espera que el Gobierno "regule esa prescripción de la caducidad de la acción" si el Tribunal Constitucional considera que "las comunidades autónomas no tienen competencia para regular en ese ámbito".