VIGO, 3 Feb.
El Gobierno central ha anunciado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el aviso de la licitación de los trabajos para hallar el pecio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' y grabar de qué forma está hoy en dia, con el propósito de que estas imágenes asistan a entender las causas de lo sucedido.
Este aviso se genera prácticamente un año tras la catástrofe, ocurrida en la madrugada del 15 de febrero de 2022 a 450 km de la costa de Terranova (Canadá), donde perdieron la vida 21 de los 24 marineros que trabajaban en el buque.
En preciso, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cree que el valor del contrato rondará los 3 millones de euros para buscar, encontrar y también examinar el pecio del barco.
La propia contratación recopila que la intención es respaldar "la investigación del incidente que está realizando la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes y también Incidentes Marítimos (Ciaim)".
Todo ello una vez que las familias de los muertos insistiesen a lo largo de meses en la relevancia de bajar al pecio para hallar pruebas de las causas del incidente. Pese a que en un primer instante el Ejecutivo mencionó que cabía aguardar hasta el momento en que los estudiosos lo solicitasen, al final de esta forma fue.
Ahora, las familias han aplaudido esta resolución, si bien estiman que ahora se ha podido haber realizado el verano pasado, gracias a que el mal tiempo en la región forzará a que la operación se genere en la temporada estival.
"Llevamos bastante tiempo aguardando por ello. Es un paso a fin de que se logre por último la adjudicación a una compañía que logre bajar en 2023. No ha podido ser en 2022, pero este año se va a poder bajar o conseguir todas y cada una de las pruebas que logre haber tras un año", indicó la representante de los familiares, María José de Pazo.
Asimismo, ha complacido a todas y cada una la gente que se han implicado en este desarrollo y ha aguardado que esta operación se realice "en tiempo y forma".
Tras el naufragio del pesquero gallego en el mes de febrero del año pasado, se inició una causa judicial para saber qué ocurrió aquella madrugada, en el momento en que perdieron la vida 21 personas.
Esto ocurrió una vez que entre los sobrevivientes, Samuel Kwesi, ofreciera una versión que contraría la expuesta por el capitán del barco y su sobrino (los otros 2 sobrevivientes), Juan Padín y Eduardo Rial, respectivamente.
La Audiencia Nacional decidió investigar la situacion y, tras oír a los tres, el juez Ismael Moreno prohibió salir de España a Padín, que es investigado al apreciarse rastros de 21 asesinatos por imprudencia.