El Gobierno logra suspender artículos de la Ley de Acompañamiento Gallega sobre la costa según decisión del TC
El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un paso importante al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra ciertos artículos y disposiciones de la ley gallega de acompañamiento a los presupuestos para 2023. Estos preceptos, relacionados con la normativa de costas, han sido suspendidos mientras se lleva a cabo el proceso.
El Consejo de Ministros decidió recurrir una serie de artículos el pasado mes de septiembre, después de no llegar a un acuerdo con la Xunta en la Comisión Bilateral. Ahora, el TC ha aceptado el recurso y está pendiente de pronunciarse sobre otro recurso presentado por el Gobierno contra la ley gallega de litoral de julio de 2023.
Los artículos y disposiciones suspendidos limitan a 15 años el plazo para la obligación de restituir obras ilegales en las zonas de dominio público marítimo-terrestre y permiten su regularización después de ese periodo. Esto va en contra de la legislación estatal.
El Gobierno argumenta que estos preceptos podrían vulnerar las competencias del Estado en la determinación del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre y la legislación básica de protección del medio ambiente litoral.
En los artículos suspendidos se establece el "ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia para la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre" y la "prescripción de la obligación de restitución o reposición de la legalidad por infracciones reguladas en la normativa en materia de costas cometidas" en dicha zona.
Además, los magistrados han acordado suspender la aplicación de los preceptos recurridos desde la fecha de interposición del recurso para las partes involucradas en el proceso y a partir de la publicación de la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Este recurso presentado por el Gobierno contra los artículos y disposiciones de la ley gallega de acompañamiento demuestra la preocupación por proteger y preservar el dominio público marítimo-terrestre de cualquier irregularidad o vulneración de la legislación vigente.