Crónica Galicia.

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El Gobierno tiene dos meses para dar explicaciones a Bruselas sobre la prórroga de la AP-9.

El Gobierno tiene dos meses para dar explicaciones a Bruselas sobre la prórroga de la AP-9.

En una reciente noticia, se informa que el Gobierno ha solicitado una extensión de dos meses para presentar su justificación ante Bruselas sobre la prórroga de la autopista AP-9. La Comisión Europea abrió dos expedientes de infracción contra España en abril, uno por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública y otro por la normativa sobre concesiones de autopistas.

Originalmente, el plazo para que el Gobierno respondiera a estos expedientes vencía el próximo lunes, 24 de junio. Sin embargo, se ha concedido una prórroga de dos meses, otorgando al Ejecutivo más tiempo para preparar su justificación ante Bruselas.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han confirmado que la prórroga ya ha sido aprobada. Esto significa que el Gobierno tiene ahora dos meses adicionales para abordar las deficiencias planteadas por la Comisión antes de que pueda tomarse una medida más drástica, como llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El expediente específico relacionado con la autopista AP-9 se centra en la prórroga de su concesión y su adaptación a la normativa europea. Los Estados miembros debían incorporar estas normas a su legislación nacional antes del 18 de abril de 2016, un plazo que España, junto con Bulgaria y Rumanía, no cumplió.

La directiva en cuestión busca fomentar la competencia entre empresas de la UE en los contratos públicos para garantizar una mejor relación calidad-precio. La Comisión Europea ha destacado que la legislación española no cumple adecuadamente con ciertos aspectos de esta directiva, como el tipo de contratos que deben estar cubiertos.

Además del expediente de la AP-9, España enfrenta otro procedimiento de infracción por ampliar la duración de dos concesiones de autopistas sin seguir correctamente los procedimientos de licitación. La Comisión busca asegurar que se respeten las normas comunitarias sobre concesiones, que garantizan la igualdad de trato y la transparencia en los procedimientos de contratación.

La Comisión Europea inició este proceso de infracción tras una denuncia presentada por la asociación de consumidores En Colectivo en julio de 2019. La denuncia se centraba en la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9 y llevó a la apertura de este expediente.

En septiembre de 2021, Bruselas envió una carta de emplazamiento a España por no cumplir con la normativa de la UE al prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9 sin seguir los procedimientos adecuados. Según la legislación de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión y debe adjudicarse mediante un proceso de licitación.

En la denuncia presentada por En Colectivo se argumentaba que las prórrogas concedidas a Audasa en 1994 y 2000 incumplían varias Directivas de la UE. La asociación solicitó a la Comisión Europea que investigara la legalidad de estos decretos y buscara su anulación, además de pedir la eliminación de los peajes en la AP-9.

En particular, se destacaba que las prórrogas de Audasa equivalen a una nueva concesión y que no convocar licitaciones adecuadas viola el derecho a la libertad de establecimiento y la prestación de servicios. Además, se señalaba que estas prórrogas afectan al comercio en la región de Galicia-Norte de Portugal al no contar con alternativas comparables a la AP-9, a diferencia de otras regiones en España.