Crónica Galicia.

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El juicio por el alijo del MV Karar se aplaza por problemas legales y falta de comparición de acusados.

El juicio por el alijo del MV Karar se aplaza por problemas legales y falta de comparición de acusados.

VIGO, 20 Mar.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido posponer el juicio contra 28 acusados por el tráfico de 3,8 toneladas de cocaína en el barco MV Karar durante la pandemia de Covid, debido a la ausencia de la abogada defensora del líder de la organización, J.C.S.N., y la falta de comparecencia de este y otros seis acusados representados por la misma abogada.

Por lo tanto, el juicio se ha suspendido y se reanudará en las fechas programadas para el próximo mes, a partir del 17 de abril. La jueza presidenta ha señalado que los siete acusados que no se presentaron injustificadamente serán citados nuevamente con una advertencia de que, si vuelven a faltar sin justificación, "serán llevados por la fuerza pública".

Además, el tribunal ha decidido que no procede un enjuiciamiento por separado y que el juicio debe realizarse al mismo tiempo para todos los procesados.

Este miércoles comparecieron 21 de los acusados, de los cuales 16 siguen en prisión preventiva. Entre ellos se encuentran 14 miembros de la tripulación del MV Karar, de Bangladesh y Nepal, un colombiano y un gallego encarcelado por otro caso.

El 25 de abril se cumplirán cuatro años desde que los tripulantes del barco ingresaron en prisión por este delito, y la ley impide superar ese plazo de prisión preventiva, lo que sugiere que podrían ser liberados antes de recibir una sentencia por estos hechos.

Esta es la segunda suspensión de este juicio, que originalmente estaba programado para febrero y se pospuso por "varias razones, incluidos cambios de abogados", informó el TSXG.

La Fiscalía acusa a los encausados de preparar, coordinar y transportar la droga intervenida en un abordaje en altamar. Las fuerzas de seguridad detuvieron a los 15 tripulantes del MV Karar en abril de 2020, uno de ellos gallego y el resto de Nepal y Bangladesh; y posteriormente a otras trece personas en tierra, incluido un funcionario de Vigilancia Aduanera y su esposa. El presunto líder de la organización, J.C.S.N., se fugó pero se entregó meses después para cumplir una condena por revelación de secretos.

El ministerio público imputa a todos los acusados un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y un delito de integración en organización criminal. También acusa al matrimonio de blanqueo de capitales, y a un acusado con una pistola de tenencia ilícita de armas.

Para el líder de la organización, se solicita una condena de 18 años y medio de prisión y una multa de 438 millones de euros; mientras que para el resto, se piden 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.

En el caso del funcionario de Aduanas, se pide una pena adicional de 6 años por blanqueo y dos penas de inhabilitación total por 20 años; para su esposa, la Fiscalía solicita también una pena de cárcel por blanqueo, enfrentando ambos un total de 19 años y medio de cárcel.