Afea a la compañía que recurra a la inaplicación del convenio como un "hatajo" como no había logrado compensación del Ayuntamiento

VIGO, 5 Jul.

El árbitro designado por la Comisión Tripartita Galega, con relación a la intención de Vitrasa de inaplicar el convenio colectivo (reduciendo sueldos y ampliando jornadas), ha resuelto negar los proyectos de la concesionaria, a la que reprocha que pretenda llevar a cabo abonar a la plantilla sus inconvenientes económicos.

Según el laudo arbitral, al que tuvo ingreso Europa Press y con fecha de este martes, la concesaria del autobús urbano de Vigo manifiesta fundamentos económicos, productivos y organizativos para hacer ese 'descuelgue salarial', que implicaría una reducción del 30 % en los salarios, tal como la ampliación de día al personal.

El árbitro, tras investigar la documentación aportada por compañía y comité, ha concluido que, ciertamente, Vitrasa tiene una situación de "pérdidas sostenidas en 2020 y 2021", un ámbito "lógico" en el contexto de la pandemia de Covid, pero precisa que, en ese periodo, su patrimonio neto superaba los 50 millones de euros, y contaba en 2020 con un fondo de maniobra de 38 millones de euros.

Además, apostilla que el gasto de personal en ese periodo, no solo no aumentó, sino se redujo. Así, ese gasto bajó en 2020 (en el momento en que el servicio se redujo debido al estado de alarma) y subió sutilmente en 2021, si bien manteniéndose bajo el gasto de personal que tuvo en 2019.

Con en relación a las causas productivas, en el laudo se desecha la alegación de la compañía respecto a una previsible reducción radical en la utilización del ómnibus urbano, gracias a la implantación del trabajo a distancia. Al respecto, el árbitro apunta que no hay fundamentos para corroborar que el menor empleo de transporte público se vaya a sostener en 2022 o en los años siguientes, en especial sabiendo que el incremento de costos del comburente puede beneficiar el desarrollo de individuos de ómnibus urbano, en oposición al vehículo especial.

Por otra sección, en la resolución asimismo se ten en cuenta que la concesión de Vitrasa fue prorrogada en el primer mes del verano de 2020 por otros 5 años mucho más y que, en ese instante, la única condición que puso la compañía fue reservarse el derecho de reclamar el reequilibrio económico financiero al Ayuntamiento en el caso de pérdidas.

De hecho, la administración municipal compensó con 2,2 millones de euros esas pérdidas a lo largo del estado de alarma y, más tarde, dio a Vitrasa otros 3,5 millones a cargo de las subvenciones aprobadas en el Real Decreto del Gobierno para mitigar las pérdidas en el transporte público.

La concesionaria del ómnibus urbano prosiguió demandando mucho más dinero al Ayuntamiento y, frente a la negativa de éste a abonar, ha iniciado un contencioso administrativo en los juzgados de Vigo, en el que demanda prácticamente diez millones de euros. Precisamente, al notar rechazadas sus metas en el Ayuntamiento, en el tercer mes del año de 2022 comunicó a la plantilla su intención de utilizar ese 'descuelgue salarial'.

Según apunta el árbitro en su laudo, en medio de una pandemia, la compañía se aseguró una prórroga por un periodo extenso y fio la solución de sus inconvenientes a la reclamación del reequilibrio económico al Ayuntamiento olívico. Al no lograrlo "pacíficamente y de modo automático en la extensión deseada, cambia de propósito de quién paga las pérdidas, y lo dirige hacia la gente trabajadoras".

Con en relación a la proporcionalidad de la medida pedida por Vitrasa y a los efectos que tendría sobre la plantilla, el laudo resalta que los costos de personal no han ensayo prácticamente ninguna subida y que, en verdad, el convenio colectivo caducó en el mes de diciembre de 2020 y está vigente en ultraactividad, de forma que los salarios de los trabajadores no tuvieron ningún aumento desde ese momento.

Asimismo, apunta que las negociaciones para pactar un nuevo convenio no fructificaron y que la inaplicación pedida por Vitrasa "semeja la búsqueda de un hatajo", y implica medidas "muy lesivas" para 350 familias.

El laudo emitido este martes es vinculante y también "en el instante ejecutivo", si bien puede ser recurrido con arreglo al trámite y fundamentos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.