La Xunta de Galicia ha destinado un total de 2 millones de euros en fondos estatales, expresando su descontento porque, según su criterio, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) debería ceder estos inmuebles de manera gratuita. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha señalado que esto sería lo más razonable en esta situación.

En un acto celebrado el 5 de diciembre en Santiago de Compostela, se anunció la incorporación de 22 nuevos inmuebles provenientes de la Sareb al parque público de vivienda en Galicia. Este desembolso por parte de la Xunta es parte de un programa del plan estatal que implica la transferencia de recursos por parte del Gobierno central, condicionados a la adquisición de estos activos.

Los nuevos inmuebles comprenden 11 viviendas en Cee (A Coruña), tres en Lugo, tres en Vigo, dos en A Coruña, dos en Sarria (Lugo) y una en O Barco (Ourense). Todas estas propiedades se integrarán en un sistema de promoción pública de manera permanente, ampliando así el parque público de vivienda en la comunidad.

Durante la conferencia de prensa donde se divulgó esta información, Martínez Allegue criticó lo que percibe como un desacierto por parte del Gobierno central, enfatizando que "lo razonable sería que la Sareb cediera a la Xunta de forma gratuita estas viviendas". Ella sostiene que el Gobierno central podría compensar a la Sareb de la manera que considere más adecuada, permitiendo que las comunidades autónomas destinen los fondos a proyectos más ajustados a sus necesidades, como la construcción de vivienda protegida, rehabilitación de inmuebles o actividades relacionadas con el alquiler.

La conselleira subrayó que no es lógico que las comunidades deban asumir el coste de adquirir estos inmuebles, sobre todo cuando la Sareb busca deshacerse de ellos utilizando los fondos del plan estatal, lo que limita la posibilidad de empleo de esos recursos en otros programas de importancia.

El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, presente en la rueda de prensa, defendió que el plan estatal ya establece que un porcentaje de los fondos transferidos debe ser destinado a la adquisición de viviendas de la Sareb. Este enfoque, según él, asegura que el dinero del estado se reinvierta en una sociedad pública que en última instancia sigue siendo parte del estado.

De esta forma, se refleja que, al igual que Galicia, todas las comunidades optan por utilizar esos fondos, lo que considera como un "círculo perfecto". En este sentido, mencionó que la Xunta ya había adquirido previamente en 2023 viviendas por un total de 7,9 millones de euros, utilizando parte de los recursos estatales que le fueron asignados.

Allegue argumentó que las viviendas de la Sareb deberían ser incluidas en el parque público de vivienda de Galicia mediante una cesión gratuita, lo que lamenta no haber conseguido debido a la desaprobación por parte de la Sareb, que insiste en la venta de sus activos en lugar de facilitar su transferencia.

La conselleira expresó su frustración al tener que conformarse con una escasa oferta de posibles compras de viviendas que, en muchos casos, no están en condiciones de habitabilidad, carecen de licencia, tienen ocupaciones ilegales o se encuentran en localidades donde no existe demanda suficiente.

Es "absurdo" que, mientras la Xunta continúa demandando la cesión gratuita de estas viviendas, el Gobierno mantenga un programa que para Allegue carece de sentido y que, en su opinión, tiene como único objetivo financiar la adquisición de estos inmuebles.

La conselleira recordó que en 2015, Galicia fue una de las primeras comunidades en conseguir la cesión de viviendas bajo un régimen de usufructo, permitiendo así alquilar 40 propiedades a familias con alquileres asequibles. Este acuerdo se fue prorrogando hasta que la Sareb se convirtió en mayoritariamente pública, lo que llevó a la Xunta a asumir la "obligación moral" de comprar los inmuebles para asegurar la estabilidad de los inquilinos.

El año pasado, la Xunta compró 40 viviendas que pertenecían a la Sareb, garantizando así la continuidad de aquellos inquilinos. Para Allegue, toda esta situación pone de manifiesto la "incoherencia de un Gobierno que no escucha" y que dificulta lo que debería ser un esfuerzo conjunto para asegurar el acceso a una vivienda digna.

El departamento de Vivenda espera ser convocado próximamente a una nueva reunión para avanzar en la gestión del próximo plan estatal, reiterando su intención de discutir este tema, que consideran crucial para la comunidad. "Nuestro objetivo es buscar soluciones más fructíferas", destacó Allegue.

Por último, García hizo referencia a la página web de la Sareb, que indica que hay 1.821 viviendas de su propiedad en Galicia, aunque aclaró que en las diversas comunicaciones y solicitudes realizadas por la Xunta en 2023 y 2024 se han relacionado cifras variadas, que incluyen 1.200, 470 y menos de 80, lo que añade confusión a la situación actual.