El Partido Popular ha dado por cerrada lo que califican como una "comisión de la difamación" y ha instado a la oposición a llevar sus acusaciones a instancias judiciales. Este cierre se produce tras la finalización, este viernes, de la comisión de investigación relativa a los contratos gestionados por la Xunta durante la crisis sanitaria. Aprovechando su mayoría absoluta, el PP ha aprobado un dictamen de forma unilateral, afirmando que no encontraron "ni una sola irregularidad de legalidad" en los contratos menores y de emergencia otorgados por el Gobierno gallego durante la pandemia, así como en el concesionario del Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo.

El rechazo fue contundente por parte de la oposición, conformada por el BNG, PSdeG, y el diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea, quien se alinea con Democracia Ourensana. Todos votaron en contra del proyecto de conclusiones que había sido elaborado y corregido por el Grupo Popular. En esta última sesión de la comisión, los partidos nacionalistas y socialistas criticaron el proceso, tachándolo de "burla" y "paripé", no solo en cuanto a las formas del procedimiento, que se extendió durante dos meses, sino también en el contenido del dictamen final.

La diputada del BNG, Montse Prado, expresó su indignación al afirmar que "ni el NO-DO de Franco se ha atrevido a tanta falsedad en sus aseveraciones", refiriéndose al documento en cuestión que calificó de "panfleto". Elena Espinosa del PSdeG, por su parte, demostró su ironía al sugerir que el dictamen había merecido una aprobación el 28 de diciembre, día conocido por la celebración de los Santos Inocentes, según su visión del contenido presentado.

Desde el Partido Popular, Roberto Rodríguez defendió que los nacionalistas "se arrepienten" de haber impulsado esta comisión, que, según él, solo persiguió generar titulares instantáneos y no hechos verificables. En un tono provocador, retó a la oposición a que llevaran a los tribunales las supuestas irregularidades denunciadas a lo largo de la investigación.

A lo largo de las sesiones de la comisión, se realizaron en total cinco votaciones. Tres de ellas se centraron en enmiendas propuestas por el PSdeG, que contaron con el respaldo del BNG, mientras que dos becaron enmiendas autocorregidas por el PP: una presentada el pasado fin de semana que profundizaba en el borrador inicial y el texto final del dictamen. Ojea, de Democracia Ourensana, optó por no intervenir, absteniéndose en todas las enmiendas, aunque votó en contra del dictamen final.

Una vez que el dictamen fue aprobado, se abrirá un plazo de dos días hábiles, concluyendo a las 13:00 horas del martes 31 de diciembre, para que se puedan presentar votos particulares, tanto el BNG como el PSdeG ya han confirmado que procederán en este sentido. Estos votos, junto con el dictamen, se enviarán al pleno del Parlamento gallego para su discusión y votación cuando se reanude el período de sesiones en enero próximo.

Se debe mencionar que aún está pendiente la resolución de un recurso de amparo que ha sido presentado por el BNG ante el Tribunal Constitucional, alegando una supuesta "vulneración" de los derechos de sus diputados durante este proceso.

La oposición ha centrado sus críticas en las "falsedades" que, a su juicio, contiene el documento elaborado por el PP. En particular, respecto al Hospital Álvaro Cunqueiro, subrayaron que "sí existía una alternativa" pública, recordando que, durante el bipartito que dirigía el Gobierno gallego bajo la presidencia de Emilio Pérez Touriño, se planteó que la construcción se realizara a través de la Sociedad Pública de Inversiones (SPI). Además, resaltaron que la comparecencia de Juan Carlos Aladro, conselleiro maior del Consello de Contas, confirmó la existencia de un "sobrecoste" de 470 millones de euros atribuido al modelo de concesión aplicado en su construcción.

Nacionalistas y socialistas también subrayaron que el PP muestra resistencia a esclarecer las adjudicaciones concretas a empresas vinculadas a altos cargos de la Xunta y del propio PP, citando como ejemplo a Eulen, cuyo dirección en el Noroeste es ocupada por la hermana de Alberto Núñez Feijóo.

Montse Prado, del BNG, a pesar de la presencia de su líder Ana Pontón en la comisión, insistió en la importancia de haber creado este órgano para hacer valer "los casi 500.000 votos de los gallegos" y los 25 escaños que su partido consiguió en las elecciones de febrero. El reglamento de la Cámara permite la creación de una comisión de investigación por legislatura siempre que se logre esa cantidad de escaños, lo que implica que el BNG no podrá solicitar otra comisión en este período.

Prado concluyó su intervención al afirmar que, a pesar de los esfuerzos del PP por sabotear sus objetivos, la comisión ha demostrado "un verdadero asalto del neoliberalismo a los servicios públicos con el fin de desviar recursos públicos a favor de grandes corporaciones". Las conclusiones emitidas por el PP, a su juicio, están involuntariamente repletas de falsedades y opiniones engañosas. Resumió su indignación al concluir diciendo que "ni el NO-DO de Franco se ha atrevido a tanta falsedad".

Desde el PSdeG, Elena Espinosa subraya que, en el caso de empresas como Eulen, existe un "patrón repetido" de favoritismos hacia empresas vinculadas a familiares de altos funcionarios del Gobierno gallego y del PP. A este respecto, lamentó que la comisión no pudo avanzar en el esclarecimiento de estos hechos debido a los bloqueos a la cita de comparecientes importantes, incluyendo a Feijóo y allegados a él.

Espinosa añadió que persisten "aspectos turbios que merecen ser investigados" y dejó claro que su partido no se quedará "de brazos cruzados" ante este tipo de irregularidades. Propuso que se forme una nueva comisión donde las decisiones sean tomadas con un apoyo de "dos tercios". De lo contrario, advirtió, explorarán la posibilidad de acudir a la justicia.

El diputado del PP, Roberto Rodríguez, no dudó en responder a estos desafíos retando a la oposición a llevar sus denuncias ante los tribunales. Entre risas, comentó que no se trataba de "un notario" y que esto no garantiza que obtendrán la razón en un proceso judicial. Rodríguez, autor del dictamen, enfatizó el fracaso del BNG, que intentó utilizar la comisión para apuntalar el liderazgo de su dirigente, quien "ha salido peor de lo que entró", y del PSdeG, que buscaba defender al Gobierno en medio de casos de corrupción, como el que salpica a Koldo García.

Las críticas de Rodríguez se dirigieron, sobre todo, hacia el BNG: "La única pregunta que permanece sin respuesta es si todos ustedes pueden garantizar que no hay adjudicaciones a empresas en las que sus familiares o personas cercanas estén involucradas, en administraciones que ustedes gobiernan o respaldan". El dictamen aprobado esta semana sugiere que el BNG cambió su discurso y criterio en respuesta a esta inquietud planteada durante una sesión de control por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Rodríguez concluyó su intervención al afirmar que esta comisión comenzó siendo "una plataforma para la difamación", luego se convirtió en "un experimento", y al final, resultó en "un espejo ante el que quedaron expuestos". Deseó a todos un "próspero 2025", especialmente a aquellos que, según él, necesitarán "más suerte" en el año que se avecina.

Para resumir las conclusiones, el dictamen aprobado este viernes sostiene que “ni una sola tacha de legalidad” se encontró en la acción administrativa y que, contrariamente a las afirmaciones de la oposición, no existió el supuesto sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción del hospital, ya que esta cifra señalada por el Consello de Contas hace referencia a un análisis sobre la licitación potencial en diferentes partes del proyecto.

Además, las conclusiones afirman que la única opción viable para la construcción del hospital fue el modelo de colaboración público-privada, puesto que optar por la SPI requeriría que la administración renunciara a la ejecución de su gasto corriente o a otras inversiones necesarias. En lo concerniente a los contratos menores y de emergencia, el dictamen aclara que fueron gestionados "siguiendo todos los procedimientos establecidos en la normativa", garantizando la transparencia y sujeción a los controles internos existentes.