El Partido Popular ha aprobado en solitario su propuesta tan solo cinco días después de la última comparecencia, después de haber intentado sin éxito lograr la firma de otros grupos políticos.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic.

El PP ha decidido actuar sin el respaldo del PSdeG ni del BNG y ha creado un borrador de dictamen sobre la comisión de contratos que sostiene que no ha habido “ni una sola tacha de legalidad” en relación con la contratación menor y de emergencias realizada por la Xunta durante la pandemia, así como en el modelo de concesión utilizado para el Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo.

Según indica la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Popular registró un escrito en la Cámara el pasado lunes por la tarde, cinco días después de la última comparecencia en esta comisión que se instauró a petición del BNG. Este escrito certifica que la ponencia aprobó el proyecto de dictamen con la única firma del PP.

Desde su inicio, este órgano ha estado marcado por diversas controversias. La más reciente ocurrió el viernes por la mañana, cuando el PP propuso una reunión de la ponencia para trabajar en el dictamen. Sin embargo, la oposición no asistió, argumentando que la convocatoria no fue “oficial” y que no se cumplió con el plazo mínimo de 24 horas para la notificación.

El lunes, sí hubo reuniones tanto por la mañana como por la tarde, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, aunque sin que se llegara a ningún acuerdo. Finalmente, a las 19.45 horas del lunes, el Grupo Popular registró un escrito en el que se indicaba que el borrador solo había sido firmado por el diputado Roberto Rodríguez “tras haber intentado sin éxito conseguir la firma de los demás ponentes”.

Este escrito, explican desde el PP, tiene como objetivo abrir un plazo para que la oposición presente enmiendas que serán discutidas posteriormente por la comisión. El dictamen final será elevado a votación en el pleno del Parlamento.

El documento elaborado por los populares concluye que “no hay ninguna tacha de legalidad” en los asuntos que este órgano parlamentario investigaba, incluyendo los contratos con empresas vinculadas a directivos cercanos a los responsables de la Xunta y del PP.

El escrito enfatiza que “la contratación de la Xunta de Galicia se lleva a cabo de acuerdo a la normativa vigente, asegurando que todos los procedimientos de contratación se someten a los controles internos requeridos”.

El Grupo Popular contrasta su propia gestión con la del Gobierno central, haciendo alusión al 'caso Koldo', al señalar que “la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han encontrado indicios de blanqueo de capitales, soborno, organización criminal y tráfico de influencias” en la administración central.

Entre las conclusiones del PP se establece que las adjudicaciones de la Xunta son determinadas por “una mesa de contratación, que actúa como un órgano técnico especializado”. Además, se subraya que “no se puede restringir el derecho al trabajo” de una persona “por el simple hecho de tener un parentesco con un funcionario público de dicha administración”, ya que la ley ya establece múltiples cautelas y prohibiciones.

El dictamen también menciona las adjudicaciones al Grupo Eulen, cuya directora para el Noroeste es Micaela Núñez, hermana del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El análisis compara los contratos otorgados durante el bipartito de PSdeG y BNG (2005-2008) con los del PP (desde 2009), concluyendo que durante el mandato de Emilio Pérez Touriño, se adjudicaron 4,67 millones anuales a Eulen, cifra que se mantuvo desde la llegada del PP. “No se asegura que existiera un vínculo causal entre la facturación de la empresa y la identidad de los directivos”, añade el texto.

Otro punto de interés para la comisión fueron los contratos de emergencia firmados durante la pandemia con Universal Support, que forma parte del Grupo Konecta, y cuyo director es Ignacio Cárdenas, cuñado de Feijóo. Este grupo de telemarketing reforzó, en 2020, los esfuerzos de rastreo y las líneas informativas de la Consellería de Sanidade.

Los altos cargos de Sanidade que comparecieron ante la comisión defendieron que Universal Support fue “la única empresa en todo el país capaz de proporcionar, en 48 horas, 100 teleoperadores” para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria.

A lo largo de la pandemia, la Xunta también realizó adjudicaciones urgentes a empresas como Sibucu 360 SL y Mape Asesores. Esta última firma vendió al Sergas mascarillas adquiridas tras pagar comisiones a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque el dictamen no menciona este último episodio, se destaca que todo el material entregado cumplió “con la normativa y los requisitos de calidad”, hasta el punto de que “nunca se emitió ninguna alerta sanitaria al respecto”.

El borrador subraya que la contratación menor es “completamente legal y de uso habitual” por parte de las administraciones, en particular por el Sergas, debido a la “exclusividad” de ciertas patentes de productos y medicamentos.

Además, el PP incluye un párrafo en el que advierte que “no se puede cuestionar” la labor de los funcionarios públicos de las mesas de contratación, algo que, según alegaron desde algunos grupos de oposición, sí ocurrió durante las sesiones de la comisión.

Respecto al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el Grupo Popular sostiene que la construcción del mismo, a través de una concesión de obras públicas, “no tuvo un sobrecoste” de 470 millones de euros, tal como argumenta la oposición basándose en un informe del Consello de Contas.

El dictamen aclara que la resolución de Contas no afirma que existiera un sobrecoste, sino que indica que los costos habrían sido “menores” si se hubiese licitado la obra por separado de los servicios.

Asimismo, el documento pone de relieve que, debido a la crisis financiera de 2008, la construcción completamente pública del hospital “habría requerido que la administración renunciara a ejecutar gasto corriente o a realizar otras inversiones”.

El borrador también menciona que el bipartito realizó encargos a las consultoras PriceWaterhouseCoopers y Garrigues para el diseño del nuevo hospital en Vigo. Precisamente, el informe de Garrigues sugería la creación de una sociedad mixta con un 90% de capital privado.

Durante sus comparecencias, las conselleiras de Obras Públicas y Sanidade del bipartito, María José Caride y María José Rubio, defendieron que estos encargos se hicieron únicamente para evaluar opciones, concluyendo que finalmente la Xunta “solo consideró” la construcción a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI).

El dictamen del PP insiste en que, desde 2009, con la llegada de Feijóo al Gobierno autonómico, la “única opción económicamente viable” fue el modelo de colaboración público-privada, que permitió que Vigo tuviese, en menos de cinco años (2015), el mejor hospital de España, frente a los 15 años que implicaría un contrato de obra pública ordinario.

En el apartado de recomendaciones, el dictamen advierte a la Xunta que debe “evitar” sustituir un análisis completo de viabilidad por uno limitado a la viabilidad económico-financiera en proyectos similares a la construcción del hospital vigués.

El PP también adopta las sugerencias planteadas por Contas en su informe de fiscalización de la contratación en pandemia, sugiriendo la elaboración de “planes de contingencia” y un “stock estratégico” para evitar la falta de productos sanitarios, así como continuar con las compras centralizadas y la contratación en línea.

Finalmente, el dictamen solicita “seguir utilizando la contratación menor” ya que “no es un procedimiento excepcional sino ordinario”, en consonancia con lo que establece la ley. Por lo tanto, el PP insta a avanzar en “mejoras” en los procesos de contratación menor, en el marco del “programa de impulso democrático” y en la puesta a disposición de información contractual a través del Portal de Transparencia.